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Vencido el plazo de observación, y ante el silencio del Ejecutivo, el Congreso optó por promulgar por insistencia la ley que autoriza el retiro del 25% de los fondos de las AFP, con un tope de S/ 12,900.
Esta situación ha pintado un panorama poco alentador para los fondos de las afiliados, ya que obliga a las AFP a liquidar activos en momentos difíciles para las finanzas internacionales.
¿Cuáles son los escenarios que afrontan estas empresas ante esta nueva norma? Pero más importante: ¿qué significa para los aportantes?
Los fondos
Las cuatro AFP en el país manejan un fondo de alrededor de US$ 50,000 millones, lo que supone un 22% del PBI peruano. La medida del Congreso las obligaría a liquidar entre US$ 8,000 y US$ 9,000 millones.
“Este monto significa un forado de alrededor de 16% que las AFP tendrían que atender en los próximos meses. Les va a traer problemas porque eso significa alrededor de cuatro puntos porcentuales del PBI peruano”, señaló a Gestión.pe el docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo.
“Si miramos fríamente todos los posibles desembolsos en un horizonte de seis meses, estamos hablando de un malbarateo de instrumentos de AFP sin precedentes en la historia”, indicó, por su parte, Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC.
Las AFP tendrán que vender muchos activos, los más líquidos, que son acciones o bonos soberanos. No obstante, al obligarlas a vender, estas perderían mucho de su valor, lo cual plantea un escenario no muy favorable para los aportantes.
“Las AFP van a necesitar liquidar el 25% de la exposición de un montón de jubilados, que pueden ser S/ 30,000 millones. Ese es el monto que se va a liquidar, no el monto que se va a conseguir”, anotó Adrianzén.
El “fondo” final que se repartirá a los aportantes sería mucho menor al liquidado. Es decir, el dinero que tendrá cada afiliado en su AFP se verá drásticamente reducido.
Ahora, si bien el mercado está bastante resentido por la crisis del coronavirus, González Izquierdo es un poco más optimista en cuanto a la venta de estos activos.
“Lo más probable es que, en el tiempo, el precio de los activos financieros en el extranjero suba. Creo que en los próximos meses va a haber una ligera tendencia alcista”, apuntó.
Esto no significa que los fondos se vayan a recuperar pronto, pero la pérdida podría no ser tan pronunciada.
Sobre el efecto directo de esta ley en las pensiones de los aportantes, Adrianzén señaló que los trabajadores a punto de jubilarse estarían protegidos (escenario que podría cambiar si se promulga una nueva iniciativa), y los jóvenes tampoco sufrirían pues tienen espacio para que el fondo se recupere.
“Los únicos que perderían son los que hoy dicen ‘tengo fondos chiquitos, voy a liquidarlo’ porque les van a dar migajas”, observó.
Mediano plazo
Una inyección de dinero de esta cantidad en los ciudadanos elevaría el consumo, lo cual puede impulsar la economía en un cortísimo plazo. Sin embargo, las consecuencias podrían ser más graves.
“Luego viene la resaca. Si S/ 30,000 millones en fondos de mediano plazo en el sistema bancario se han liquidado, los bancos tienen que alterar la maduración de sus captaciones y colocaciones”, advierte el decano.
Según el economista, esto se traducirá en una contracción del capital de trabajo de mediano y largo plazo o los recursos que necesitan las compañías para operar, pues estos estaban financiados con los fondos que ofrecen la CTS y las inversiones de las AFP en el sistema financiero y las empresas.
“Muchos puestos de trabajo que eran financiados por ese canal van a desaparecer”, subrayó.
¿Remedio?
El congresista Daniel Urresti anunció hace unos días que presentará un proyecto de ley para “evitar el colapso de las AFP”. En resumen, prohíbe que estas entidades compren o vendan bonos soberanos del Gobierno, pues así evitaría un “chantaje”.
Ambos economistas se mostraron en contra de esta iniciativa. González Izquierdo la tildó de inconstitucional, y dijo que el Tribunal Constitucional se encargaría de bajarle el dedo, en caso sea promulgada.
“Las AFP han comprado un apreciable de porcentaje de sus inversiones que están en los bonos soberanos que tiene el Gobierno. Si le vas a prohibir que venda eso, estás yendo contra la constitución. Eso no se puede hacer, sería una barbaridad sin nombre”, objetó.
Adrianzén fue un poco más allá, y estimó que los principales perjudicados con esta medida serían los peruanos a punto de jubilarse.
El economista explicó que los bonos alimentan el Fondo 1, donde se encuentran estos afiliados, pues mantienen su valor nominal. Sin embargo, al prohibirle a la AFP a que tome bonos, obligaría a estos afiliados a invertir en acciones que, en el escenario actual, no se encuentran muy bien.
“Si por una ley haces que el Gobierno no pague los bonos correspondientes al Fondo 1, ergo, que los aportantes que estén en ese fondo tengan que tomar acciones, los trabajadores van a perder producto de la regulación”, indicó.
