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Algunas propuestas que ha hecho el Congreso peruano en medio de la pandemia de coronavirus, como limitar los intereses crediticios y suspender los pagos de deuda de algunos servicios públicos les están dando a las compañías motivos para reevaluar sus inversiones, según Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), con sede en Lima.
Esas políticas pueden afectar el gasto corporativo en sectores como la banca y las telecomunicaciones, dijo Macera en una entrevista telefónica. En términos más generales, están perjudicando la reputación del país, ganada con mucho esfuerzo, como un lugar estable para hacer negocios.
Macera dijo que el camino de destruir lo que se ha construido en los últimos 30 años es un suicidio. Y agregó que, desafortunadamente, hoy hay más voluntad política que antes para promover ese tipo de comportamiento.
Cuando quedan menos de nueve meses para las elecciones generales y la economía sufre alteraciones debido al brote de coronavirus, existe una creciente preocupación entre los inversionistas de que puedan estar en riesgo los pilares que han impulsado el crecimiento durante las últimas décadas.
Una legislatura interina dividida y sin experiencia tomó juramento en marzo después de la disolución del Congreso en setiembre, y aprobó proyectos de ley que a menudo va en contra del consejo de los expertos.
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El riesgo regulatorio para algunas industrias es muy real, según Macera. En abril, el Congreso obligó a los operadores privados de peajes viales a dejar de cobrar temporalmente a los vehículos, y también aprobó una ley que permite que cualquier persona con una pensión privada retire hasta 25% de sus ahorros. Iniciativas de pensiones similares se están discutiendo en países como Chile.
Macera señaló que espera que el comité parlamentario establecido en mayo para discutir una reforma más amplia al sistema de pensiones del Perú genere una propuesta “positiva”, pero indicó que otros proyectos de ley que se están debatiendo son preocupantes.
Dijo que el virus le ha costado al país dos años de crecimiento económico. Pero agregó que, si el COVID-19 conduce a malas políticas públicas y malas elecciones en el 2021, los efectos políticos indirectos del virus podrían terminar costando mucho más caro.
El IPE defiende las reformas de libre mercado y ha ayudado a legisladores de la mayoría de los partidos del Congreso a analizar aspectos técnicos de sus propuestas de política monetaria. Entre los 34 miembros del centro de estudios se cuentan algunas de las compañías más grandes del país. El IPE fue fundado en 1994 con la ayuda de una subvención del Banco Mundial.
