La Contraloría General de la República emitió un comunicado respecto a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo destinado a que el Congreso apruebe créditos suplementarios asociados a mayores gastos.
Según el organismo contralor, en dicha iniciativa se incluye una disposición que recorta la capacidad operativa de la Contraloría, “generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades, ni se emitan las alertas necesarias para detectar y evitar casos de corrupción”.
“La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control”, agrega.
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Asimismo, señala que no se cuestiona la pertinencia de adoptar medidas presupuestales convenientes que permitan lograr los objetivos de reactivación planteados, sino que el proyecto de ley “va más allá y esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción en el gasto público”.
“(...) Al introducir sin discusión ni opinión técnica, una reducción sustancial del financiamiento del control concurrente, sin considerar que esta modalidad ha demostrado científicamente un ahorro al país por más de US$ 1,000 millones en los últimos cinco años, y que las inversiones bajo este control avancen 30% más rápido”, precisa.
Por ello, precisan que si se aprueba esta disposición tendrá un impacto negativo inmediato que significará el desmantelamiento de los órganos de control institucional (OCI) y el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025.
“Como es público, recientemente la Contraloría dispuso que, por primera vez en la historia del país, más de 690 OCI dejarán de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, con lo que el controlado dejará de pagar los sueldos de los auditores, lo que significa un vigoroso fortalecimiento de la autonomía del control. Ese proceso quedará trunco si se aprueba la novena disposición complementaria modificatoria”, agrega.
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De igual modo, sostiene que el país pasará de las 56,000 intervenciones de control realizadas en el 2023, a tener solo 14,000 en promedio. En tanto, la cobertura del control que hoy es de 67% del aparato estatal pasaría a un 27%, como era en 2017.
“Alertamos sobre cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos. Y confiamos que el Poder Legislativo recoja la situación expuesta, descartando en el dictamen la novena disposición complementaria modificatoria y separándola del resto del proyecto de ley”, añade.
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