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La empresa Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) perdió un total de S/ 3,615,091 como resultado de una serie de deficiencias en la gestión de diversos servicios adquiridos, informó la Contraloría General de la República.
Tras un control posterior realizado a la empresa estatal, la Contraloría emitió tres informes que determinan una presunta responsabilidad civil y/o administrativa en ocho funcionarios de dicha entidad.
Oleoducto Norperuano
Entre abril del 2016 y setiembre del 2018, Petroperú contrató los servicios de restitución de ribera en zona de caseta de bombas contra incendio para la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP) en Loreto, y de relleno de arena para dicha restitución de ribera, por las sumas de S/ 1,920,803 y S/ 593,273 respectivamente.
Sin embargo, el 4 de julio de 2018 se suscitó la caída de la estructura metálica hacia el lado del río y, por consiguiente, la pérdida del material de relleno, lo que propició un perjuicio económico para la petrolera estatal por el importe de S/ 2,514,076, indicó la Contraloría.
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“Petroperú no realizó una correcta elaboración y determinación del requerimiento del servicio de restitución de ribera al no evaluar aspectos técnicos vinculados, (...) lo cual no se ciñe a lo establecido en el Reglamento de Adquisición y Contrataciones de Petroperú, y en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, provocando así la caída de la estructura metálica al río Marañón”, señaló en su informe.
Por este hecho, identificó presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de la empresa estatal, y recomendó el inicio de las acciones civiles con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.
Refinería de Talara
La Contraloría señaló que del 31 de diciembre de 2015 al 23 de julio de 2021, evidenció que se ocasionó un perjuicio económico de S/ 264,987 contra Petroperú debido al mayor pago del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2017 en la Refinería de Talara.
“Esta situación se generó por el accionar negligente de funcionarios de Petroperú al no cautelar que la capitalización del Mantenimiento Mayor del Horno de Proceso – Activo N° 204733-10 “XIII Inspección General UDP – Planta de Tratamiento”, ubicado en la Refinería de Talara (Piura), se realice en diciembre del 2015 con una vida útil de cinco años, sino que se efectuó con una vida útil de 15 años, por lo que no se procedió con arreglo a la normativa aplicable”, indicó.
Por este hecho, la Contraloría determinó presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de la empresa estatal.
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Transporte de hidrocarburos
La Contraloría evaluó la ejecución del servicio integral de operaciones fluviales de embarque y descarga de hidrocarburos en Pucallpa (región Ucayali), que estuvo a cargo de una empresa privada de logística, en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2022 al 28 de agosto de 2023.
Como consecuencia de no haberse debitado al operador privado los excedentes a los Límite Máximo Permisible (LMP) por concepto de variaciones volumétricas en 24 embarques por un total de 1922.29 barriles, que se registraron durante la ejecución del contrato, se identificó un perjuicio económico por S/ 836,027.
“Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en cuatro funcionarios de la petrolera estatal y se recomendó realizar las acciones que permitan efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los involucrados, así como el inicio de las acciones civiles contra los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares”, remarcó el órgano contralor.
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