El Consejo Fiscal (CF) expresó su “profunda preocupación por la gestión de la política fiscal, que está conduciendo a un marcado deterioro de las fortalezas fiscales del país en los últimos años”. A su consideración, se ha provocado un incremento descontrolado del déficit fiscal, impulsado por la disminución de los ingresos fiscales y el incremento del gasto público.
“La actual gestión fiscal está exponiendo al país a múltiples riesgos fiscales, sobre los cuales el CF ya ha emitido alertas, de no ser atendidos, podrían devenir en nuevos incumplimientos de las reglas fiscales o comprometer la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo”, apuntó en un reciente comunicado.
El CF reconoce cuatro riesgos. Incluyen la aprobación de la reforma del sistema previsional sin un estudio técnico adecuado sobre su costo actuarial, el continuo apoyo financiero a Petroperú con recursos del Tesoro Público sin una estrategia concreta para su sostenibilidad financiera, el creciente endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que podría constreñir su capacidad de prestación de bienes y servicios futuros, y una serie de decisiones en la gestión presupuestal de parte del Ejecutivo que rompen con buenas prácticas de prudencia y responsabilidad que han caracterizado a la gestión fiscal del país.
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Reforma de pensiones
Con relación a la reforma del sistema previsional, el CF reiteró que coincide con los objetivos principales de la reforma previsional aprobada en cuanto a buscar ampliar la cobertura y mejorar las prestaciones del sistema, especialmente para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, “considera que esta norma representa un riesgo fiscal significativo al no contar con un análisis técnico riguroso de sus efectos en las finanzas públicas a mediano y largo plazo”.
“Hasta la fecha, ninguna entidad ―pública ni privada― ha presentado un estudio integral transparentando los supuestos utilizados para calcular los costos fiscales y actuariales asociados a esta reforma. En el marco de dicho análisis, se debería poner a disposición del público en general el detalle completo sobre las medidas cuantificadas y no cuantificadas, la metodología y las bases de datos empleadas en el análisis, los supuestos empleados, su razonabilidad y la sensibilidad de los resultados a tales supuestos, entre otros”, detalló.
El CF habría recomendado que la norma aprobada por el Congreso (con apenas 49 votos a favor) sea observada para someterla a un amplio debate técnico con la participación de entidades especializadas, y para que se realizaran mejoras a la propuesta discutida en el Congreso.
El consejo consideró que el Poder Ejecutivo debería hacer públicos los informes técnicos que avalan la promulgación de la norma y el estimado del costo fiscal hacia adelante.
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Petroperú
En cuanto a Petroperú, el CF reiteró sus preocupaciones, expresadas en comunicados e informes previos, sobre el continuo deterioro financiero de la empresa estatal, que ha llevado al Gobierno a implementar nuevas medidas de apoyo financiero a través del Decreto de Urgencia N° 013-2024, las cuales ascienden a aproximadamente US$ 4 mil millones.
Más allá de las medidas en sí mismas, el CF apuntó que el principal riesgo fiscal derivado de Petroperú radica en su alto grado de apalancamiento y en que su operatividad implique una situación permanentemente deficitaria.
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Municipalidad Metropolitana de Lima
Con relación a la MML, el CF nuevamente expresa su preocupación ante el incremento de sus niveles de endeudamiento como consecuencia de la segunda operación de emisión de bonos que ascendió a S/ 1,250 millones.
“Con esta nueva operación de endeudamiento, el ratio del saldo de deuda total a ingresos de la MML se ubicaría en aproximadamente 300%, triplicando el límite máximo de la regla fiscal regular para los gobiernos subnacionales (100%)”, alertó.
En ese sentido, el consejo se reafirma en señalar que la actual gestión de la MML “está sobreendeudando a la entidad”.
Ante ello, preocupa que -dice el CF- se haya comprometido, exclusivamente para el pago del servicio de la deuda, y por un periodo de 20 años, sus ingresos por alcabala e impuesto al patrimonio vehicular, que representan aproximadamente el 35% del total de ingresos; la imposibilidad de que la MML haga frente a sus obligaciones financieras (servicio de la deuda) y a la vez sostener niveles “normales” de gasto no financiero, principalmente gasto de capital.
Además, el sobrecosto financiero de aproximadamente S/ 42 millones por año en promedio durante el periodo de repago de la deuda, derivado de la emisión directa de los bonos por parte de la MML y sin garantía del Gobierno Nacional.
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Actitud pasiva
El CF subrayó que los riesgos mencionados en su comunicado se están materializando ante “la actitud pasiva del Poder Ejecutivo, que no ha tomado medidas efectivas para mitigarlos”. En opinión del consejo, esto revela una creciente fragilidad institucional y debilidad del gobierno frente a otros actores políticos.
“Revela un menor margen de maniobra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al interior del Ejecutivo, a la luz de la incapacidad de oponerse a iniciativas legislativas que generan mayores gastos públicos y afectan la sostenibilidad fiscal, a las demandas por parte de los gobiernos subnacionales, y también de cara a las decisiones que se toman en el seno del propio Poder Ejecutivo”, opinó.
Muestra de ello, explicó, han sido las acciones recientes en torno a la Programación de Compromisos Anual (PCA), que en un contexto de fuerte expansión del gasto público y de una alta probabilidad de incumplimiento de las reglas fiscales, debería restringirse para controlar dicho gasto.
“El MEF, actuando en sentido contrario, ha venido ajustando al alza la PCA. El único intento para restringirla (18 de setiembre) fue rápidamente revertido tras el reclamo de las autoridades subnacionales. Por tanto, el MEF ha perdido la capacidad de utilizar un instrumento de gestión presupuestal esencial para contener el crecimiento del gasto público en lo que resta del año”, finalizó.
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