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Este miércoles el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que dispone el retorno gradual a las reglas macro fiscales, suspendidas desde el inicio de la pandemia por la COVID-19 para utilizar recursos a favor de la vacunación, la entrega de bonos y atención a los pacientes hospitalizados, que generó un déficit históricamente alto y el decrecimiento del PBI.
De acuerdo al ministro de Economía, Óscar Graham, el proyecto, que será presentado al Congreso de la República, propone establecer que el déficit fiscal no debe ser mayor a 2.4% del PBI en 2023; a 2% del PBI en 2024; a 1.5% del PBI en 2025; y a 1.0% del PBI de 2026 en adelante.
Además, se plantea que la deuda pública no debe ser mayor a 38% del PBI y que en un horizonte máximo de 10 años debe ubicarse por debajo del 30.0% del PBI.
“Este establecimiento de reglas importantes nos dará la certeza que tendremos un manejo importante de las finanzas públicas, y es nuestra principal fortaleza de la economía por el respeto a mantener las cuestas fiscales ordenadas y nos da espacio, dentro de este período, para atender gastos que todavía tenemos en el marco de las secuelas que dejó la COVID-19″, dijo el ministro.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), agregó que la sostenibilidad fiscal contribuye con la estabilidad macroeconómica de un país y, con ello, con el crecimiento potencial y bienestar social.
Previo a la crisis, Perú se posicionó como una de las economías con las finanzas públicas más sólidas y sostenibles, producto de dos décadas de manejo responsable. Ello se reflejó en que el país tenga el menor riesgo país en América Latina y una de las deudas públicas más bajas entre economías emergentes. Esto facilita el acceso a tasas de interés bajas en los mercados de capitales internacionales y reduce la carga del pago de intereses de la deuda pública, lo cual maximiza el presupuesto que pueda destinarse a usos productivos como salud, educación, infraestructura, entre otros.
Destrabe de obras
El titular del MEF recordó que la semana pasada el Consejo de Ministros también aprobó un proyecto de ley para el destrabe de obras paralizadas valorizadas en más de S/12,000 millones.
Para ello, se propone la creación de una junta de resolución de disputas para facilitar la continuidad de aquellas obras que tengan un 40% de avance físico.
