La congresista de Podemos Perú María Gallardo expuso ante la Comisión de Economía una modificación de su propuesta para congelar por 120 días el cobro de obligaciones contraídas por personas naturales con entidades bancarias, financieras y otras.
En el Proyecto de ley 5022 -que aún se discutirá en la Comisión de Economía- inicialmente se establecía que dicha ley no sería de aplicación para las personas naturales que hubieran renegociado las deudas por dichas obligaciones.
Sin embargo, al sustentar su propuesta este miércoles, Gallardo planteó que esta norma sea de aplicación para las personas naturales sin excepción, aunque hubieran renegociado o reprogramado sus deudas.
"Dadas las circunstancias, y que los bancos vienen reprogramando las deudas, pero con altos intereses moratorios, propongo a ustedes que se modifique esta disposición", expresó en su intervención.
Este beneficio se aplicaría a todo tipo de deuda financiera (por tarjetas de créditos y créditos personales o hipotecarios) y todo tipo de endeudamiento contraídos por personas naturales, con el fin de aliviar la crítica situación económica que atraviesan millones de peruanos a raíz de la pandemia.
Asimismo, con esta norma no se aplicaría moras, multas ni intereses; y no se afectaría la calificación crediticia.
Además, plantea la suspensión de toda clase de cobros judiciales o extrajudiciales, los procesos de ejecución judicial, la ejecución de garantías mobiliarias o inmobiliarias, la ejecución forzada, remates públicos y en general toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales.
Desde que empezó la emergencia, las instituciones del sistema financiero (bancos, cajas municipales y rurales, financieras y edpymes) han reprogramado los créditos del 50% de los deudores, equivalentes al 34% de la cartera total de préstamos, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
La propuesta de la bancada Podemos Perú es uno de los varios proyectos que se discuten en la Comisión de Economía y que tienen por fin congelar deudas, condonar intereses y brindar otros beneficios a los sujetos de crédito.
Al respecto, la Asociación de Bancos (Asbanc) sostuvo que alrededor de 10 millones de ahorristas se verían afectados si se aprueban dichos proyectos de ley.