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Si la máxima demanda anual de suministro de energía eléctrica se encuentra en el rango de potencia de entre 50 y 200 kW, las micro y pequeñas empresas (mypes) podrán elegir si acceden al mercado libre o permanecen en el mercado regulado de electricidad, según el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
Se trata de la iniciativa que propone la ley que incentiva el acceso al mercado libre de electricidad para las mypes y promueve la competitividad en el mercado de electricidad en el Perú.
El cambio de condición requerirá un preaviso, con una anticipación no menor a un año, a fin de no afectar los contratos vigentes; y si fuera que la mype cambiará de condición, deberá mantenerse en ese nuevo estado por un plazo no menor a dos años.
La iniciativa, de autoría de la congresista Jesús del Cármen Núñez (Frepap), contó con el aporte del parlamentario César Combina Salvatierra (APP), quien, a su vez, es autor de una propuesta en ese sentido, que fue vista en la Comisión de Energía y Minas.
De acuerdo con el sustento de la propuesta, la norma permitirá dotar de liquidez inmediata a este sector de empresarios, como apoyo a su reactivación, en el marco de la emergencia sanitaria y su impacto negativo.
Asimismo, esto será parte del incentivo y fomento de la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado y protección del derecho de los consumidores.
En la sesión también se aprobó, en forma unánime, dar un plazo de 72 horas hábiles a las instituciones públicas del país para que emitan los informes y pedidos presentados por los congresistas a los distintos ministerios.
El planteamiento fue presentado por el legislador Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), quien advirtió el poco tiempo que queda para el término de la presente legislatura; y la necesidad de adoptar decisiones y evaluar las propuestas pendientes.
De otro lado, la comisión, que preside el congresista Anthony Novoa Cruzado (AP), acordó reunirse el lunes próximo a las 19:00 horas a fin de analizar el predictamen que recoge cuatro propuestas legislativas en torno a la creación de una ley que faculte al Banco de la Nación a realizar operaciones y servicios de intermediación financiera en zonas geográficas donde no existan instituciones financieras.
Se trata de las iniciativas de los congresistas Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP), Jorge Vásquez Becerra (AP), José Núñez Salas (PM) y de Novoa Gutiérrez.
INVITADOS DEL MEF, TRABAJO Y SALUD
A la sesión fueron invitados técnicos y especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Trabajo y Promoción del Empleo, y de Salud para alcanzar sus informes en torno al proyecto de ley que crea el Seguro Social de Salud y el Sistema Nacional de Pensiones para los taxistas y mototaxistas.
De igual manera, sobre el proyecto de ley relacionado a la modificación del Decreto Legislativo 937 del Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, de autoría de Novoa Cruzado, los especialistas coincidieron en señalar que la propuesta no resulta necesaria, porque en la actual legislación, en concordancia con la Constitución, garantiza a los trabajadores independientes, entre los que se encuentran los taxistas y mototaxistas, el libre acceso a las prestaciones de pensiones a través del Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones.
La opinión de los técnicos fue rechazada por los legisladores, habida cuenta de que la iniciativa del legislador Novoa Cruzado contribuiría a la formalización y no requeriría de un mayor financiamiento del tesoro público.
El parlamentario Mártires Lizana Santos (FP) calificó el proyecto de ley como interesante, porque se pagaría con su propio consumo, puesto que el fondo se formaría con el aporte que proviene del impuesto selectivo al consumo (ISC), en cada recarga de combustible.
Los especialistas señalaron que no está demostrado que esa fuente de financiamiento sea suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones propuesto.
Sin embargo, ante una pregunta del congresista Burga Chuquipiondo, sobre cuánto asciende la tasa del referido impuesto y a cuándo el fondo, no respondieron, situación que fue criticada por los congresistas.
Novoa Cruzado defendió su propuesta señalando que contribuye a la formalización y que incluiría a trabajadores de oficios que no son reconocidos por la Sunat, entidad que no los incorpora en el RUS, como es el caso de los taxistas independientes y los cobradores de microbuses, entre otros.
Además, dijo que, para incluirlos en el Sistema Integral de Salud, se les pide ser declarados pobres o en extrema pobreza.
Durante la presente sesión fueron escuchadas las exposiciones de las propuestas de ley de varios congresistas.
El legislador José Luis Luna Morales (PP) expuso su iniciativa que plantea una ley que uniformiza la edad para acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
De igual manera, la legisladora María Teresa Céspedes Cárdenas (Frepap) sobre la ley que faculta al trabajador a mantener vigente su seguro de asistencia médica con todos sus beneficios al cese de la relación laboral.
Por su lado, la congresista Matilde Fernández Florez (SP) sustentó sobre la ley que promueve la generación de valor agregado de actividades productivas en Zonas Altoandinas.
Finalmente, fueron aprobados los pedidos de los congresistas Luis Carlos Simeón Hurtado mediante (AP) y de Jesús Del Carmen Núñez Marreros (Frepap) para que algunas iniciativas sean decretadas a la Comisión de Economía.
Se trata de los proyectos que plantean la creación de la ley que fortalece las iniciativas de apoyo a competitividad productiva (Procompite) y el que plantea la ley que fortalece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones y prioriza a los afiliados con enfermedades terminales, respectivamente.
