Con la intención de garantizar el acceso a una vida digna y de buena calidad, desde el Congreso buscan aplicar una serie de “descuentos significativos” a favor de los adultos mayores.
Mediante el PL 9847/2024-CR, la legisladora María Córdova Lobatón (Renovación Popular) plantea que todos los peruanos de 60 o más años, paguen menos por bienes y servicios esenciales, así como para sus actividades recreativas.
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¿A qué bienes y servicios se le aplicará el descuento?
Según el texto presentado al Congreso, los adultos mayores percibirán rebajas en los precios de entradas para actividades recreativas y culturales, como el cine, teatros, museos y sitios arqueológicos; sumado a todo tipo de eventos deportivos y no deportivos. No se aplicará el descuento si el evento se da a beneficio de la niñez, población vulnerable, adultos mayores y damnificados.
También se permitirá un descuento notorio en el transporte público urbano, provincial, interprovincial y aéreo nacional; es decir, los adultos mayores pagarán una tarifa menor para vuelos a cualquier destino del país.
Respecto a los servicios básicos (luz eléctrica, agua potable y telefonía residencial) también se aplicará una rebaja, así como en los precios regulares de hospedajes, hoteles y hostales.
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Córdova establece rebajas también para precios regulares en restaurantes y otros proveedores de alimentos preparados. No aplicará para los establecimientos que estén en el Nuevo Régimen Único Simplificado.
Los servicios médicos y consultas en hospitales, policlínicos y clínicas privadas también traerán una rebaja a favor de los adultos mayores, así como los medicamentos que se adquieran con receta médica en farmacias y boticas.
Incluso, se plantea que el descuento se aplique en todo tipo de servicios técnicos y profesionales; y en caso trámites bancarios, para todo tipo de gastos, tasas y comisiones se tendrá que ejercer una tarifa menor.
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Finalmente, se establece que en todo tipo de servicios protocolares y extra protocolares en las Notarías Públicas debe regir la rebaja preferencial.
Según la propuesta de Córdova, el Indecopi y los gobiernos locales fiscalizarán que se cumpla con los descuentos dictados; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encargará de hacer un informe anual sobre los beneficios entregados. Asegura que no generará costos al erario mas no aclara cómo se subvencionará la rebaja para los adultos mayores.
“Descuentos significativos por ley”: ¿cómo daña a la actividad empresarial?
Al respecto, el director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, considera que la propuesta no se justifica y tendría un sesgo populista, ya que no se fija un límite de gasto. “Fácil podrían camuflarse gastos de otras personas como si fueran de adulto mayor”, comentó.
Por su parte, el expresidente del Indecopi Ivo Gagliuffi, indicó a Gestión que el proyecto sería perjudicial para el sector privado ya que implica una injerencia directa en sus modelos de negocio al verse obligados a entregar descuentos sobre sus precios regulares.
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“Tales beneficios deben darse por propia iniciativa de los privados como consecuencia de la presión competitiva, pero no deberían ser impuestos por ley. Es más, se hace referencia a descuentos “significativos” sin definir ello, lo cual se haría por reglamento y se generaría una enorme incertidumbre para la privados”, manifestó el también socio del área de Competencia del estudio Garrigues a Gestión.
El especialista precisa que más allá de las justificaciones amparadas en el proyecto de ley en favor de los adultos mayores, no es viable porque rompe con el modelo constitucional de economía social de mercado, en la que el Estado no planifica la economía ni debe interferir en las actividades empresariales.
¿Y, cómo atender la vulnerabilidad de los adultos mayores? Para Gagliuffi se deben promover programas sociales estatales focalizados en los adultos mayores para darles mejores servicios y facilidades, principalmente, en salud. También advierte que se desnaturalizaría la labor del Indecopi si se le obliga a fiscalizar los descuentos que se quieren imponer por ley.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
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