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De los 130 conflictos socioambientales en el Perú, en la minería son alrededor de 86 en total; si bien antes se han dado conflictos sociales, la agudización de los mismos hace que las decisiones de inversión en nuevos proyectos no se muevan en los próximos años.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, comenta que, si bien hasta el momento hay una inversión estable, según los reportes del Banco Central de Reserva (BCR), en los nuevos proyectos la inversión caería en los próximos años.
Así, recordó que en los últimos años la inversión en nuevos proyectos estaba en torno a los US$ 5,000 millones, pero este año, con la culminación de las obras de Quellaveco se estaría cerrando en alrededor de US$ 1,400 millones y para el 2023 solo se estima US$ 500 millones para nuevos proyectos.
“Esta cifra es el 10% de la cartera de inversiones en nuevos proyectos mineros que se tenía hace 10 años y es lo paradójico en un escenario de alza de precios en la materia prima”, expresó.
En el 2018 el arranque de Quellaveco permitió iniciar con una inversión por US$ 5,300 millones, tras ello los montos bajaron y este año se estimaba US$ 4,417 millones para el inicio de la construcción.
Luis Miguel Castilla refiere que, unos de los proyectos que se estaría dilatando por decisión de la empresa es Yanacocha Sulfuros, que, si bien estaría realizando algunas inversiones, estas serían de cuantías menores.
“Es la mayor inversión, luego de Quellaveco que se tiene en el Perú, en US$ 2,250 millones”, indicó.
Según el Ministerio de Energía y Minas, para este año se esperaba a la vez el arranque de otras iniciativas mineras que tienen estudios de factibilidad e ingeniería, como Magistral, Río Seco, San Gabriel, Corani entre otros. Aunque el mayor proyecto es Yanacocha Sulfuros.
Conflictos que dilatan
La razón en la postergación de las inversiones se encuentra en los conflictos mineros, principalmente por el manejo que tiene el Gobierno para solucionar los conflictos.
La semana pasada se inició la “tregua” por 30 días para que se retomen las operaciones en Las Bambas, lo que deja aún en stand by el riesgo de una nueva paralización si se incumplen los reclamos de las comunidades.
Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, considera que se están otorgando derechos especiales a los pueblos originarios como si no fueran los mismos peruanos.
“Cuando se bloquea una carretera por las comunidades no se reestablece el orden por un mandato judicial, y no se toman acciones para el desbloqueo de la vía”, expresó.
Recuerda que, hasta el momento no se ha dado ninguna detención o condena a una persona que realice los actos ilegales que afectan a todos los peruanos.
Luis Castilla sostiene que, en un entorno de elecciones regionales, la medida se intensificará y posiblemente afecte más las decisiones de inversión, sobre todo en algunas regiones con mayor actitud en contra de la actividad minera.
En el siguiente cuadro se observa el nivel de resolución de conflictos sociales que tiene el Gobierno de Castillo sobre los anteriores gobiernos.
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Impacto en el PBI
El exministro de Economía sostiene que el PBI se verá afectando en los próximos años con menos proyectos, primero por la fase de construcción, y segundo por la pérdida de producción que tendrá el país.
Aunque no se aventura a brindar un estimado en la caída, la minería aporta al PBI con el 18%, y la reducción de dicha cifra podría afectar la generación de ingresos al Estado en los próximos años.
Estatización en la sombra
Carlos Herrera añade que las decisiones también se ven afectadas por las decisiones de la bancada de Perú Libre, vinculada al Gobierno, cuyos integrantes firman iniciativas para nacionalizar el cobre o similares.
“Este proyecto seguramente no será aprobado por lo que se plantea, pero aleja más a las inversiones”, sostiene.