El Estado peruano enfrentaría una obligación internacional definitiva tras quedar firme el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor de la minera canadiense Lupaka Gold Corp., luego de que el país no solicitara la anulación del fallo dentro del plazo legal. Así lo informó la propia minera.
El laudo, emitido el 30 de junio de 2025, ordena al Perú el pago de una indemnización que asciende actualmente a aproximadamente US$ 67 millones, “monto que continúa incrementándose por la aplicación de intereses del 9% anual”.
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Origen del arbitraje: bloqueos y paralización del proyecto Invicta
La controversia se originó cuando el proyecto aurífero Invicta, ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Lima, enfrentó bloqueos comunitarios que impidieron el acceso y la operación del yacimiento. Esta situación derivó en la paralización total de las actividades y, posteriormente, en la pérdida de la inversión.
Lupaka sostuvo que las autoridades peruanas no actuaron de manera efectiva para proteger el proyecto ni para restablecer el orden, pese a tratarse de una inversión extranjera amparada por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
Decisión del tribunal: incumplimiento de estándares internacionales
Tras varios años de proceso, el tribunal arbitral del Ciadi concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales clave, entre ellos:
• Trato justo y equitativo
• Protección y seguridad plenas de la inversión
El tribunal determinó, además, que los efectos de los bloqueos eran atribuibles al Estado, debido a su falta de acción para garantizar el normal desarrollo del proyecto.
Plazo vencido y laudo exigible
De acuerdo con las reglas del CIADI, el Perú contaba con 120 días para solicitar la anulación del laudo. Ese plazo venció el 28 de octubre de 2025 sin que se presentara recurso alguno.
Con ello, el laudo quedó cerrado, firme y exigible, sin posibilidad de revisión ni apelación.
Riesgo de ejecución y efectos reputacionales
En un comunicado oficial, Lupaka indicó que espera el pago voluntario por parte del Estado peruano. No obstante, confirmó que ya inició acciones para identificar activos del Estado en el extranjero que podrían ser objeto de embargo, conforme a los mecanismos previstos en la Convención Ciadi.
La demora en el pago incrementa el costo financiero para el Estado, dado que los intereses continúan acumulándose, y afecta la reputación internacional del país como destino de inversión, en un contexto marcado por la necesidad de seguridad jurídica.
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