Foto: GEC
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El Consejo Fiscal (CF) expresó -la semana pasada- su y sus implicancias sobre las finanzas públicas, tras conocerse la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en destinar S/4,000 millones para aumentar su capital social y colocarle garantías de créditos hasta por US$ 500 millones.

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Ante ello, el ministro de Economía, Kurt Burneo, cuestionó -durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del parlamento-al presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, y su participación durante la construcción de la refinería de Talara cuando este (Oliva) ocupaba el liderazgo del MEF. ¿Qué dijo el ministro?

Hay mucha gente que opina sobre la refinería de Talara. Por ejemplo, lo pongo a manera de referencia, el señor Oliva que ahora hace política siendo presidente del Consejo Fiscal, cosa que no debería suceder. El estuvo de ministro de Economía, entre el año 2018 al 2019, en plena construcción de la refinería de Talara. La pregunta importante que se debería saber es ¿qué dijo cuando era ministro de Economía y por lo tanto participaba en la Junta de Accionistas? ¿que dijo respecto a la refinería? ¿cuáles fueron sus expresiones en contra? ¿qué hizo en todo caso? la respuesta es nada”, apuntó Burneo.

Me parece muy mal que un funcionario público haga críticas abiertas y a través de los medios respecto a decisiones donde él definitivamente no tuvo ninguna cosa que decir, en el momento que estaba ocupando el sillón que yo tengo. Eso me parece discutible, por decirlo de alguna forma. No debería hacerse. En mi concepción, lo reitero no debería hacerse y si hay críticas, en el interno, más aún cuando tuvo él la responsabilidad y no dijo nada, en lo absoluto”, agregó.

Poco antes consideró que la modernización de la refinería de Talara debió hacerse previo análisis de la situación financiera de la empresa.

Es muy peligroso utilizar capital de trabajo (para) las obligaciones que surgen a partir de un proyecto de inversión. Esta historia data del 2013 y quien lo impulsó fue el señor (Humberto) Campodónico que renunció hace una semana a Petroperú. Las cosas claras”, añadió.

Durante su presentación, el titular del MEF defendió las decisiones que se tomó desde el gobierno sobre Petroperú alegando que si se dejaba quebrar a la empresa estatal “que no era una opción” se generaba una extendida crisis de desabastecimiento de combustibles. Ante ello -dijo- se optó por aporte de capital y “mayores controles”.

El aporte de capital no se ha hecho a ciegas, a cambio de nada. Si miran el DU se establecen condiciones. Tras este aporte de capital, lo que estamos mirando los accionistas es que se estabilice financieramente la empresa. Esa es la idea. El funcionamiento de (la refinería) Talara generará ingresos para la firma lo que generará la estabilización financiera de la empresa”, añadió.

-Lo que dijo el Consejo Fiscal-

El Consejo Fiscal (CF) consideró que la situación de Petroperú y las medidas adoptadas por el Gobierno para proveerle liquidez incrementan la vulnerabilidad de las finanzas públicas. En concreto, expresó su preocupación por el rápido deterioro de la situación financiera de la empresa estatal y sus implicancias sobre las finanzas públicas.

Dicho deterioro se refleja en: i) constantes rebajas a la calificación crediticia de la empresa estatal vinculadas a riesgos de solvencia y un pobre gobierno corporativo, ii) problemas de liquidez que generan un menor abastecimiento en el mercado local de combustibles, y iii) un conjunto de apoyos financieros otorgados por el Gobierno en 2022, equivalentes a aproximadamente 1 p.p. del PBI”, dijo.

El mayor y más reciente de los apoyos financieros brindados por el gobierno en favor de Petroperú se materializó el 25 de octubre, mediante el Decreto de Urgencia N°023-2022, a través del cual se aprobó un aporte de capital del Estado por S/ 4,000 millones y una operación de endeudamiento de corto plazo con garantía del Gobierno Nacional hasta por US$ 500 millones.

Anteriormente, en mayo, mediante el Decreto de Urgencia N°010-2022, también se aprobó un apoyo financiero transitorio por hasta US$ 750 millones y se emitieron documentos cancelatorios para el pago de obligaciones tributarias por hasta S/ 500 millones.

En el contexto actual donde el país incrementó su endeudamiento en 8 p.p. del PBI como consecuencia de la emergencia sanitaria, un entorno macroeconómico y financiero internacional menos favorable, y el surgimiento de diversas presiones de gasto, el CF consideró relevante un monitoreo constante y transparente del desempeño de Petroperú.