(Fuente: USI)
(Fuente: USI)

Desde hace cuatro años, las operadoras de telefonía están obligadas a garantizar a sus usuarios como mínimo el 40% de la velocidad de internet móvil y fijo que han contratado, de acuerdo al reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones del , modificado el 2015. 

Sin embargo, este panorama podría cambiar desde este año dado que se alistan añadir nuevos cambios al citado reglamento para aumentar la velocidad garantizada, acorde al mayor uso de datos. 

En palabras de Rafael Muente, presidente ejecutivo del , se trataría de un "sinceramiento".

"Esperamos que este año podamos seguir con el camino de sinceramiento de la oferta de Internet. Aún no podemos establecer en cuánto se elevaría el mínimo de velocidad de Internet (garantizada) que ofrecen las empresas dado que habría que realizar el análisis. No obstante, resulta obvio que ya deberíamos estar por encima del 60% u 70%, pero todavía es muy pronto para dar una cifra determinante", detalló a Gestión.pe.

¿Cuál ha sido la posición de las operadoras?
Aun no hemos conversado con las operadoras, pero creo que ellas lo tienen bastante claro, debido que estamos hablando es de un sinceramiento, porque no necesariamente tienen que dar más velocidad, por el contrario, que las ofertas (de Internet móvil y fijo) deban garantizar un mínimo de velocidad más cercano a lo que están en capacidad de dar.

¿Qué consecuencias generaría este cambio?
​Ahora nos preocupa más que la voz, los datos y esa es una tendencia irreversible en el Perú y en el mundo, por lo que la velocidad en el servicio de Internet es un tema fundamental como característica del servicio. 

En riesgo del subdesarrollo digital

El presidente del precisó que para el desarrollo de la tecnología 5G se va a necesitar una mayor proliferación de antenas, más pequeñas y menos aparatosas.

"Se van a requerir una mayor cantidad de antenas, por lo que hay dos aspectos claves que se deben considerar: primero, la atribución del espectro radioeléctrico, que tiene que estar bien definido y lo segundo, las facilidades que debe otorgar el Estado para no poner trabas a la instalación de infraestructura en comunicaciones", dijo.

Para satisfacer la demanda proyectada de datos y uso de celulares, el Perú necesitará cerca de 36,513 Estaciones Base Celular (EBC) hacia el 2021, conocidas comúnmente como las torres donde se instalan las antenas de las operadoras, de acuerdo a datos del regulador.

"Tenemos el altísimo riesgo de afrontar un subdesarrollo digital si es que no tomamos decisiones muy firmes que impliquen que las autoridades tanto nacionales como locales sean responsables de dar facilidades para la instalación de infraestructura. El acceso a Internet tiene que ser considerado un derecho fundamental de la persona, entonces el no facilitarlo debería ser considerado un tema de gravísima irresponsabilidad de las autoridades, porque se estaría negando a los ciudadanos un derecho fundamental", indicó .

RDFO: Las consecuencias de una falta de decisión

Un tema pendiente es el futuro de la (RDFO) tomándose en cuenta que todavía está pendiente la suscripción de una adenda planteado por el Estado peruano a la empresas operadora de esta red () para cambiar la forma en que se cobra por el servicio y se establezca una tarifa flexible con un tope por mega de US$ 23 más IGV.

Esta fue planteada en julio del año pasado, pero a la fecha no hay nada definido. Lo último que se supo en agosto del 2018, es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) no habría recibido una respuesta de .

Cabe precisar que según versiones en el mercado, se especula de un cambio y posible salida de del país, no obstante hasta el momento no existe una versión oficial de la empresa. Lo que se conoció es que habrían realizado recortes en sus costos. ¿Qué consecuencias está teniendo está situación?

"Este es un tema complejo que está en manos del MTC y claro, en la medida que esta decisión se aplace, no está operativa la red, lo que genera una demora de contar con los beneficios de ella. Pese a este situación, los operadores privados siguen ampliando sus redes, eventualmente sobreponiéndose a las redes regionales lo que complejisa más el uso de las redes regionales porque si hay un operador privado haciéndolo, la pregunta es qué hacer con las redes regionales, cuál es la capacidad que existe", indicó .

"Sin duda todo retraso en la implementación de un proyecto, implica una demora de que la banda ancha llegue a cada región del Perú, que era el objetivo de la RDFO", reiteró. Actualmente esta infraestructura llega a 180 ciudades del interior del país y 23 capitales de regiones, sin llegar al usuario final. Sus clientes son las empresas operadoras.