El conflicto que suele surgir entre productores agrícolas y empresas mineras por el uso del agua, así como por como su impacto en el ambiente, es una situación que parece ocurrir también a nivel de entidades públicas involucradas en esos temas, debido a la excesiva burocracia.
En mayo, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que se habían propuesto aligerar los procesos burocráticos para la certificación ambiental que debe otorgar su sector, pero que enfrentaban trabas para ello, y que éstas, en su mayor parte, procedían de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
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Antecedentes
En esa ocasión, el ministro Castro detalló a Gestión que la ANA exigía evaluar hasta 300 criterios técnicos en materia hídrica, antes de poder aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA).
Como se sabe, los citados estudios ambientales son planteados por las empresas que prevén desarrollar determinados proyectos de infraestructura, para su evaluación por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).
De esa forma, el titular del Minam reconocía que una evaluación ambiental que debía tomar meses, demoraba años (por las exigencias de la ANA) y citó que, en el caso de proyectos mineros, se podían tardar entre cinco a ocho años, por el incremento de la tramitología.
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¿Qué responde el Midagri?
En entrevista a Gestión, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, consultado sobre el tema, reconoció que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha colapsado administrativamente y anunció que va a entrar en un proceso de reorganización.
Sobre el primer aspecto, indicó que ello ha surgido por aspectos externos a dicha entidad, debido a que el Gobierno le encargó asumir tareas ajenas a su creación, como es por ejemplo la descolmatación de los ríos y, para lo cual, le asignó el manejo de un pool de maquinarias para esa labor.
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“La ANA es un ente técnico normativo, no es un ente ejecutor, como sí tenemos a otros ejecutores en el ministerio; y no tengo problema en decirlo: fue un error encargarle la descolmatación de ríos”, aseveró.
Así, mencionó que esa entidad está recibiendo el reclamo de muchos proveedores que no se les paga “porque tienen un cerro de expedientes allí, y como nunca han manejado ejecución, ha habido muchos errores en los procesos, y no pueden cerrarlos”.
¿Qué implicará la reorganización?
Ante esta pregunta, el ministro Manero indicó que, en primer lugar, la reorganización buscará restaurar sus funciones como ente técnico y normativo, en segundo lugar, dimensionar mejor a dicha institución en términos de su alcance a nivel regional, y en tercer lugar, agilizar sus procesos.
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En el aspecto de dimensionamiento, refirió que existen diversas instancias regionales, como por ejemplo la administración local del agua (ALA) entre otras, que tienen que dar licencias para muchos proyectos mineros.
“Puede haber 50 expedientes de licencias (para minería) y puede haber un solo funcionario encargado de todo eso”, observó, y dio a entender que eso es un indicador de que no está bien dimensionada dicha autoridad para atender todas las necesidades del sector.
Respecto a la agilización de sus procedimientos, el ministro Manero reconoció que hay problemas por resolver, como son las demoras para la emisión de opiniones sobre obras de infraestructura que involucran cuerpos de agua.
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Solo emitir opinión demora dos años
“Porque, la ANA no solo opina sobre el agua (en sí) sino por ejemplo (para instalar) una tubería de gas que debe cruzar un canal o un río, tienen que pedirle primero opinión y luego autorización a la ANA, y a veces, sólo la opinión demora uno o dos años”, mencionó.
En tal sentido, explicó que la reorganización buscará agilizar sus procesos, de tal forma que sean casi inmediatos. En el curso de diez días deberían estar dando opinión sobre muchas cosas, aseveró.
Aunque el ministro no mencionó cuándo concluiría el proceso de reorganización de la ANA, consultadas sobre el tema, fuentes oficiales del Midagri indicaron que es posible que el ministro informe más sobre este tema en los siguientes días.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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