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Han pasado diez días desde que la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) amplió la vigencia de los títulos habilitantes de transporte convencional y de taxis por seis meses, y en el caso de las movilidades escolares, transporte turístico y transporte de personal por un año.
A través de la Resolución Directoral 031-2020-ATU/DO, se busca asegurar que exista la oferta suficiente de unidades de transporte urbano para la movilidad de 11 millones de personas que se movilizan en Lima y Callao.
Poco tiempo después, la presidenta ejecutiva de la ATU, María Jara expuso ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República los últimos avances del trabajo de la entidad pública a fin de consolidar una verdadera reforma del transporte. Se refirió a esta medida como necesaria.
“En este periodo (6 meses) se desarrollarán los estudios complementarios: sistema de recaudo, modelo de transporte, la integración tarifaria y la estructuración de la concesión”, manifestó. Asimismo, se trabajará en la adecuación de un nuevo marco normativo, prórroga de autorizaciones e incorporación del llamado “Bus patrón”, y se trabajará en un Proyecto de Ley que promueva la movilidad eléctrica en Lima y el resto del país.
A estas autorizaciones entregadas hasta abril de 2021, ATU las denominó como un periodo de transición. Asimismo, Jara enfatizó que durante ese periodo no se eliminarán definitivamente las combis y coaster, sino se irán implementando nuevos mecanismos para beneficio del usuario y el operador. Uno de ellos será el pago electrónico, que permitirá a los pasajeros invertir menos recursos en trasladarse a y los operadores y empresas tener ingresos demostrables.
En el año 2022 espera ir colocando la estructuración de las concesiones que se lanzarán en el 2023 para obtener mejores rutas.
Posturas
Sin embargo, Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 350 empresas del sector, sostiene que un plazo de seis meses a un año no brinda estabilidad para trabajar, además no confían en una pronta implementación u consolidación de una reforma por parte de la ATU.
“No estamos de acuerdo con autorizaciones de corto plazo. Cualquier mejora requiere nivel de estabilidad, si la autoridad no brinda eso, no puedes asegurar una mejora en el servicio. No creemos factible que se implementen procesos de licitación en un año o dos. En el supuesto que se hiciera, llevaría más tiempo”, dijo a Gestión.pe.
Añade que bajo estos escenarios han planteado una prórroga de cinco años para que ATU termine de implementar sus acciones y licitar las rutas de Lima. “Si con seis meses no nos entregan tarjeta de circulación, que será para la licitación, es una mentira”, sostiene Vargas.
Vargas asegura que, de obtener autorizaciones en ese lapso, las empresas de transporte centralizarán y manejarán operatividad de los buses para evitar los llamados “correteos” y accidentes. Aumentarán infraestructura para el mantenimiento de los buses, continuarán renovando la flota de vehículos y seguirán promoviendo la formalización laboral.
Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz ámbar sostuvo que el plazo otorgado por la ATU a las empresas de transporte tradicional es idóneo porque de esa manera podrá ir comprobando cuáles se van alienando a las nuevas reglas y conforme eso pase, se les irá renovando la autorización.
“Al cabo de seis meses se les volverá a renovar, pero sería demasiado darles un plazo de cinco, seis o diez años. Pueden continuar en lo mismo, no han cambiado en 20 años y no lo harán ahora. Esta es la única forma de presionar a estas empresas a que coloquen GPS, recauden electrónicamente y respeten las leyes de la ATU, de esa forma podrán recibir el subsidio, porque la condición es esa", expone.
Detalla que es importante que estas empresas se adecuen a la ley para seguir recibiendo autorizaciones, así como que la ATU informe a las empresas de coaster y combis, que tengan la posibilidad de integrarse a un programa de “chatarreo" para que renueven sus unidades por “Buses Patrón”. “Deberían saber claramente estos vehículos no van a continuar”, comenta.
En otro momento, sostuvo que la ATU debería ir convocando a licitación de los cinco corredores complementarios. “Deberían tener 5,000 buses, pero no llegan a 800. El proyecto está listo, hay que convocar esta licitación con tiempo, desde ahora para comenzar a licitar en enero o abril, así tendríamos 4,200 buses nuevos”.
La ley N° 30900, de la creación de la ATU declara que el transporte es un servicio público. Por tanto, el Estado va a subsidiar el pasaje. Quispe Candia, cree que ello promoverá que diversas empresas estén interesadas en licitar, porque tendrán un respaldo económico y no reportarán pérdidas en caso no haya una afluencia grande de pasajeros.
