La inauguración de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estaba programada para el próximo 30 de marzo, tras la segunda prórroga establecida entre el concesionario Lima Airport Partners (LAP) y el Gobierno de Perú. Sin embargo, hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que no se llegará a esa fecha.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) apuntó que, actualmente el nuevo terminal tiene un avance del 95.5%, pero con una lista de observaciones técnicas y licencias pendientes.
Los representantes del organismo recordaron que el contrato de concesión establece mecanismos específicos para aplicar penalidades en caso de incumplimiento. Estas sanciones incluyen multas económicas con diferentes niveles de gravedad, pero el monto exacto de las multas dependerá de un análisis posterior que determinará el impacto del retraso.
“Si no llegase el concesionario al 100%, se va a activar el mecanismo de penalidades y sanciones, que tiene todo un proceso que va a tener que determinarse cuánto va a ser. Eso no lo podemos adelantar porque hay un área específica que determina ese valor”, comentó Francisco Jaramillo, gerente de Supervisión y Fiscalización de Ositrán.
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Por el momento, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, reiteró que hasta la fecha no existía ningún incumplimiento contractual, ya que la prórroga del plazo se realizó de manera formal. En ese sentido, el regulador no puede imponer sanciones mientras no venza el plazo del 30 de marzo, pero también podría evaluarse la situación si hay una prórroga nueva.
“Si hay prórroga por otros motivos ajenos al concesionario, se va a evaluar también, porque falta una serie de licencias, no solo de LAP, sino de otros actores, como las aerolíneas”, precisó Zambrano.
Más tarde, tras confirmarse que el aeropuerto no abrirá en la fecha prevista, Zambrano indicó que tras el 30 de marzo se pedirán descargos de LAP, para que comuniquen lo que ha pasado, el incumplimiento y, en base a eso, se establecerán sanciones que podrían oscilar entre las 0.7 y 12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por cada día de incumplimiento. La sanción sería de hasta un máximo de S/ 64,200 diarios.
Por su lado, Jaramillo de Ositrán aclaró que las fallas críticas sí deben ser corregidas en su totalidad antes de la apertura, pero si quedan pendientes observaciones “no críticas”, como detalles en la orientación de ciertos equipamientos o acabados en algunas áreas, pueden corregirse con el terminal ya en funcionamiento.
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