CPC: Adjudicación de las Asociaciones Público-Privadas se ha ralentizado en el Perú

El proceso de adjudicación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) se ha ralentizado en el país, advirtió el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

“Se observa una caída en los últimos años: se pasó de adjudicar seis proyectos por US$ 5,800 millones en 2014 a tres proyectos por US$ 96 millones en 2022″, indicó en su Informe de Competitividad 2023 - 2024.

La caída sistemática en el número de adjudicaciones se relaciona con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1224, en setiembre de 2014, y sus posteriores modificaciones, dice el informe.

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“Ello estaría explicado principalmente por la duplicidad generada entre las diversas opiniones ex ante y ex post de los actores vinculados a la gestión de una APP -entidad concedente, reguladores y la Contraloría General de la República (CGR)-”, apuntó.

A manera de ejemplo, de acuerdo con su análisis de 11 informes de control previo de APP de la CGR entre 2017 y 2021, el 91.1% de las observaciones descritas en los referidos informes se relacionan con aspectos técnicos y/o de costos del proyecto, mas no con la capacidad financiera del Estado para cumplir sus compromisos de financiamiento.

Problemas estructurales

Al respecto, Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de ProInversión, manifestó que esta lentitud para las adjudicaciones se debe a problemas estructurales, debido a que nuestro país “está diseñado para ser liderado por la inversión privada y no la pública”.

En ese sentido, el experto señaló que se ha perdido un poco la brújula de promover la inversión privada.

“Es fácil priorizar la obra pública, pero lamentablemente los ministerios carecen de competencias para hacer cosas grandes y complejas. Las APP demandan fortaleza política, la cual no hay desde el Gobierno de Martín Vizcarra (2018). Desde ahí ha generado que muchas empresas pierdan el interés en Perú y hayan ido a otros lugares como Norteamérica y Asia”, refirió a Gestión.

Agregó que la inversión pública por sí sola tiene varios candados que no son malos. “Eso se puso para una mejor gestión del presupuesto y evitar malos manejos en la asignación de obras, pero la capacidad de los gobiernos regionales es para obras menores”, anotó.

“Si queremos resolver el problema de inversión se requiere un compromiso del Poder Ejecutivo y Legislativo para lanzar un programa que garantice las obras para promoverlo con los inversionistas internacionales”, subrayó.

Cabe señalar que ProInversión anunció hace un mes que para este año tiene como objetivo adjudicar hasta 16 proyectos de APP y Proyectos en Activos, por US$ 3,000 millones. Mientras que para el 2024 se tiene previsto adjudicar 22 proyectos por más de US$ 5,900 millones.

En este paquete resaltan iniciativas como el Anillo Vial Periférico, que interconectará los principales ejes de transporte de Lima (US$ 2,380 millones). Además está Obras de Cabecera, proyecto de abastecimiento de agua potable para Lima (US$ 480 millones).

Inversión pública

El informe del CPC también destaca que si bien la ejecución de la inversión pública mejoró en 2022 con respecto a 2021 (20.1%) y también en comparación con años anteriores (57.9% que el promedio 2016-2020), en el 2022 se dejaron de ejecutar recursos por S/ 18,200 millones (2.1% del PBI de 2021).

De este total, las dos terceras partes (S/ 12,000 millones) corresponden a los gobiernos locales.

“Cada año existen nuevos proyectos a los previstos en el presupuesto inicial, lo que dificulta la capacidad de gestión de las entidades. De hecho, en 2022, el 44% del total de proyectos con presupuesto eran nuevos (28,828 de 65,022) y contaban con un monto de PIM promedio de S/ 0.5 millones (SIAF-MEF, 2023)”, sostuvo el CPC.

Propuestas

El Consejo Privado de Competitividad recomendó agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales.

Anotó que se debe acreditar a evaluadores y empresas de ingeniería para contar con expedientes técnicos de calidad y permitir el uso de esquemas de adjudicación ágiles.

Sugirió hacer obligatoria la rendición de cuentas respecto al avance físico de las inversiones que estén vinculadas al devengado.

“Crear un marco normativo integral que regule la promoción de la inversión privada mediante APP, considerando la participación de los distintos actores en sus fases”, añadió.

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