Los desastres naturales representan una inquietud constante entre los peruanos, especialmente de aquellos que residen en zonas más vulnerables ante catástrofes.
Así, hay una alerta constante sobre un posible sismo de gran magnitud, cercano a los 8.8 grados, que afectaría al país. Incluso autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP) han comentado este tema más de una vez.
Pese a ello, compañías de seguro manifiestan que aún no se cuenta con un plan de contingencia para poner en marcha frente a un evento de tal escala.
“Lo que sabemos es que habrá un terremoto en Perú, de eso no hay duda; lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir ni qué vamos a hacer ante esto”, dijo Christian Stockholm, gerente general de Crecer Seguros.
El especialista sostuvo que esta catástrofe tiene dos caras, una que agrupa a quienes tienen cobertura de seguro y otra, la gran mayoría, que no posee ningún tipo de cobertura ante algún desastre natural.
En esta línea, expresó su preocupación por las medidas que se deberían tomar, sobre todo, con las personas que perderían la vida, sus propiedades y no cuentan con ninguna póliza que respalde a sus familias.
“(Un terremoto) es algo que debemos tomar con sentido de urgencia, merece una iniciativa que, por lo menos yo, no la conozco hasta el momento”, advirtió.
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El docente de Finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang, coincidió en que debería haber un programa a seguir frente a estos desastres -que hasta la fecha no existe-, cuya elaboración incluya tanto al sector privado como público.
Mencionó que esto debe incluir un estudio a nivel nacional pues no todos los suelos son iguales, por ejemplo, en Lima hay algunos muy sensibles ante un terremoto como La Molina y Villa el Salvador, pero hay otros que sí lo resistirían como Surco.
“La planicie de La Molina es una zona con un suelo muy frágil y ante cualquier eventualidad desaparecerían todas las propiedades construidas sobre esos terrenos”, acotó.
Para Chang, lo recomendable sería prohibir la construcción en estas zonas altamente peligrosas ante movimientos telúricos. De lo contrario, se debería establecer que las familias que persisten en construir su vivienda y se les otorgue permiso, contraten también una póliza que las proteja, agregó.
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Sin embargo, manifestó, lamentablemente muchas de las personas que residen en terrenos vulnerables pertenecen a segmentos de bajos recursos por lo que adquirir un seguro no estaría dentro de sus planes.
“Por tanto, si el Estado es partícipe al autorizar construcciones en terreno vulnerable, debería tomar parte en la adquisición de una cobertura junto con el titular de la vivienda; sería eso o cubrir las consecuencias luego de la catástrofe”, refirió.