Unas 150,000 empresas se pondrán al día con un millón de afiliados de AFP

Esta medida es positiva para los afiliados a los que su empleador les retuvo el porcentaje de aporte de AFP, pero no fue abonado en su cuenta previsional.

09/01/2023 19H48

Las empresas que adeudan el pago de aportes de sus empleados podrán cumplir con esta obligación pendiente, luego de que el Congreso aprobara el régimen de reprogramación en el sector privado.

Así, unas 150,000 empresas podrán reprogramar la deuda que tienen con cerca de 1.1 millones de trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), que vieron vulnerado su derecho al aporte previsional, según datos de la Asociación de AFP.

La deuda de estas compañías al fondo previsional de sus empleados asciende a S/ 4,320.38 millones e incluye los aportes no abonados y la rentabilidad actualizada de dicho dinero, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a octubre del 2021.

Sin embargo, esta cifra aumenta a S/ 16,329 millones si se añade los intereses moratorios y gastos de cobranza de dicha obligación.

Esta medida es positiva para quienes se les retuvo el porcentaje de aporte de AFP pero no fue abonado en su cuenta previsional, pues se reconoce tanto el monto no depositado como la rentabilidad que hubiera generado de haber sido pagado oportunamente, comentó a Gestión Giovanna Prialé, presidenta del gremio de AFP.

El reglamento deberá establecer disposiciones que garanticen la capacidad de pago de las empresas que se acojan a este beneficio, a fin de que puedan cumplir con el cronograma en el plazo establecido, que puede ser de hasta cinco años, mencionó.

Según la asociación de gestoras, este es el primer programa para saldar la deuda de empresas privadas generado después de mucho tiempo, pues si bien en el pasado hubo un régimen similar, no hay registro cercano de ello.

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El riesgo moral

En la misma línea, Gonzalo Llosa, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, refirió que esta norma permitirá que muchas empresas privadas consoliden las deudas que tienen con sus trabajadores formales.

Pese a ello, no resuelve el problema vigente de algunas firmas que utilizan como capital de trabajo el dinero que debería ser destinado a las cuentas de pensiones de los afiliados, dijo.

“Lamentablemente, es una medida que también eleva el riesgo moral significativamente, pues no se identifica una sanción rápida que mitigue que otras empresas eviten pagar a tiempo estos beneficios de sus trabajadores”, manifestó.

Por el contrario, podría representar un incentivo para que las empresas echen mano de este dinero, se les acumule una gran deuda y luego esperen nuevas reprogramaciones, sostuvo.

Carácter excepcional de la norma

Cuando la compañía no hace un aporte al sistema de pensiones, el fondo del afiliado se priva de ese incremento, pierde la rentabilidad de las posibles inversiones, los intereses, cupones, dividendos, la revaluación de los activos que pudo haber adquirido y, sobre todo, se afecta la cobertura de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, advirtió el economista.

Frente a ello, Prialé exhortó a las compañías a tener claro el carácter excepcional de esta norma, que busca reconocer los aportes de un grupo de afiliados perjudicados por sus empleadores, “pero no pretende que se convierta en una mala práctica corriente”.

Empresas en situación de insolvencia

Incluir el interés moratorio en las deudas que acumulan estas empresas puede mostrar un monto casi impagable, alertó Gonzalo Llosa, de la Universidad del Pacífico.

“Hay empresas que ya tienen obligaciones amplias y contabilizar dentro de su deuda los elevados intereses junto con la rentabilidad que pudo ganar el afiliado, podría ponerlas en una situación de insolvencia”, manifestó.

Asimismo, señaló que algo similar se observa en el sector público, aunque el escenario es más complejo pues estas entidades reciben un presupuesto del Estado para dichos pagos y no los realizan.

Según la SBS, la deuda del sector público –que incluye solo la rentabilidad- suma S/ 2,185 millones, mientras que al contar los intereses moratorios asciende a S/ 12,220 millones.

“Estas medidas solo tratan de lidiar con el balance, buscan no quedarse sin soga ni cabra; que mejore la situación del fondo del afiliado, pero también preservar la posibilidad de que la empresa pueda pagar, aunque no le impone ningún castigo”, aseveró.