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La incertidumbre política se ha agravado con los presuntos casos de corrupción de personas del entorno del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo perciben los empresarios esta situación?
Cuando inició el Gobierno, la CCL trató de colaborar, de seguir creando riqueza, trabajo e impulsar el crecimiento. Pero, últimamente el desgobierno se ha generalizado y eso se ve desde grandes proyectos de inversión que no caminan hasta cosas menores, como no poder sacar un pasaporte. Eso ha afectado a las empresas.
¿De qué manera les ha afectado?
En la CCL tenemos más de 8 mil asociados, empresas de todos los tamaños y de diferentes rubros, de las cuales la mayoría son mypes. En el país, por el impacto de la pandemia, 45,000 mypes salieron, pero ahora ya son 135 mil las que cerraron y muchas pasaron a la informalidad (la que ha subido de 74% a más de 80% en el país).
¿Qué factores han impulsado el aumento de la informalidad?
La crisis económica misma, pero también porque desde el Gobierno no se dan medidas para crear empleo formal, sino todo lo contrario. En materia laboral, por ejemplo, se han dado normas como la restricción de la tercerización, que va a ocasionar desempleo o empleo de poca calidad.
¿Cómo les afecta esa norma?
Cuando entre en vigor (23 de agosto) muchas empresas tercerizadoras, que en su gran mayoría son mypes, van a desaparecer y se sumarán a esas 135 mil que ya cerraron. Y las empresas que contratan a las tercerizadoras, van a tener que cerrar puestos de trabajo, lo que generará desempleo y subempleo.
En el tema laboral, el ministro ha dicho que seguirán con la Agenda 19, el Código de Trabajo, etcétera. ¿Qué opina?
El Gobierno tiene una agenda en materia laboral que la quiere aplicar, sin analizar lo que ocurre en el país ni las consecuencias reales de ello. Hace dos semanas nos reunimos con el ministro (Juan) Lira y le planteamos trabajar de manera tripartita -Gobierno, trabajadores y empleadores- normas que sean consensuadas y puedan ser aplicadas sin ocasionar problemas en la economía.
¿Qué les dijo el ministro?
Nos prometieron reactivar el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y que se haría un esfuerzo por consensuar las normas; citaron a una reunión (la semana pasada) que hubo, pero se trabó y no se llegó a avanzar en temas como el Código de Trabajo, la tercerización, el equilibrio entre sindicalismo y la posición de los empleadores. Todo eso ha quedado en stand by.
¿Los empresarios ven que esta situación pueda cambiar tras el mensaje de 28 de julio?
Honestamente, no. Con las personas que están ahora en el Gobierno pensamos que no es posible. Después de un año, en que las cosas no avanzan, sino que retroceden, pensar que el 28 de julio, el presidente Pedro Castillo va a amanecer iluminado y nos va a dar un discurso de cambio como el quisiéramos no parece ser el caso.
¿Qué discurso quisieran escuchar los empresarios?
Desde hace dos meses la balanza comercial es negativa, por lo que se debería aprovechar el potencial de los tratados de libre comercio (TLC) para lograr un crecimiento de 5% de las exportaciones este año, al menos.
¿Cómo se lograría eso?
Por ejemplo, solucionando el tema logístico que se ha visto afectado por la crisis; destrabar el congestionamiento de puertos, aeropuertos, seguir trabajando en la conectividad ferroviaria; dar las condiciones a los exportadores para que puedan hacer su trabajo.
¿Qué más quisieran escuchar en el mensaje presidencial?
También que activen proyectos de inversión en infraestructura y que, por lo menos, los cinco proyectos importantes que tienen en cartera ProInversión, por más de S/ 750 millones, salgan este año (tres líneas de transmisión, hospitales, saneamiento y colegios de alto rendimiento); además impulsar otros proyectos en educación y otros para ejecutar al menos como en el 2021 (más de S/ 18,000 millones).
El presidente ha hablado de sorpresas en el mensaje del 28. ¿Cuáles creen que serán?
Creo que ha llegado el momento de que el presidente y su entorno hagan una reflexión en favor del país y analicen si realmente pueden y cuentan con las condiciones para sacar al país de la crisis en la que se encuentra.
Los peruanos merecemos un Gobierno que gobierne, que trabaje y, si tuvieran la generosidad de dar un paso al costado para poder seguir en la búsqueda de nuestro crecimiento, eso sería una sorpresa y una muestra de desprendimiento, pero que parece no será una realidad.
¿Cuál será la actitud de empresarios si el mensaje de 28 es negativo y el Gobierno es más radical?
La actitud del empresariado va a ser la que siempre ha tenido, de respeto a la legalidad y de aplicación de los instrumentos constitucionales y legales que existen para enfrentar esas posibles sorpresas; pero, (si el Gobierno se pone más radical), sí va a haber una respuesta enérgica de los empresarios. Tenemos la responsabilidad de responder con la ley en la mano.
Hoja de Vida
- Profesión: Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), experta en Competencia, Compliance y Arbitraje.
- Cargos anteriores: Presidió la Comisión de Tratados Internacionales, en las negociaciones del ALCA y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Ha integrado directorios de Procapitales, la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual, entre otros.
“No se puede mantener la política de cuerdas separadas”
En la situación de crisis en la que se encuentra el Perú ya no se puede mantener la política de cuerdas separadas de lo político y lo económico, sostiene Rosa Bueno. “Los empresarios también tenemos que participar en la vida política y la mejor forma creo es a través de las propuestas de políticas públicas, como lo está haciendo la CCL y que vamos a poner en manos de los gobernantes”, agregó.
“Una es el fortalecimiento de la democracia, ya que sin democracia la economía no funciona; defender el modelo de economía que hemos tenido estos 20 años, introduciendo algunas mejoras para tener una economía más inclusiva; seguridad ciudadana; y, una política pública para facilitar el acceso de las empresas a la formalidad, proyecto que presentó la CCL”, detalló.
Afirmó que el rol de los empresarios ahora ya no solo es generar riqueza y trabajo, sino ver que el Estado cumpla su trabajo y logre una mejor redistribución de la riqueza. “Tenemos que supervisar que el Gobierno gaste adecuadamente los recursos que provienen de nuestros impuestos”, dijo.