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Únete al canal de GestiónHungría apuesta por una nueva fórmula para aumentar la natalidad y enfrentar la disminución de su población: ofrecer tratamientos gratuitos en clínicas de fertilidad recién nacionalizadas.
La medida ha sido criticada por ser de alcance muy limitado y por hacer de facto inviable la oferta de otras clínicas privadas.
El primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, ha convertido en una nueva prioridad aumentar la tasa de natalidad para frenar la caída demográfica. Más aún porque rechaza de forma tajante cualquier tipo de inmigración y muchos jóvenes formados se marchan a Europa Occidental en busca de mejores salarios y oportunidades.
“Somos un Gobierno que defiende la vida, queremos saber que sucede en estos asuntos”, aseguró Orbán hace unas semanas, sosteniendo que eso ha llevado a que el Gobierno controle estos programas, gratuitos desde el pasado 1 de febrero.
CAÍDA DEMOGRÁFICA
La población de Hungría era de 10.42 millones cuando se derrumbó el sistema comunista a finales de 1989 pero en 2019, justo 30 años después, cayó a 9.77 millones de personas.
La población no ha bajado más por el fuerte aumento de la esperanza de vida. Las mujeres en 1989 vivían un promedio de 73.8 años y los hombres 65.4, mientras que en 2019 esa cifra aumentó a 79.2 y 72.6 años, respectivamente.
Para revertir la tendencia a la baja que puede tener enormes implicaciones sociales y económicas, el Gobierno de Orbán ha comprado este año las seis mayores clínicas privadas especializadas en fertilización “in vitro”.
Para el Ejecutivo húngaro, esta medida es un asunto de “importancia estratégica nacional”.
Hasta ahora el Estado cubría los gastos de cinco tratamientos de inseminación, pero las familias tenían que gastar entre 1.000 y 3.000 euros (1.100 y 3.300 dólares) en medicamentos, tratamientos adicionales y análisis.
En un país con un salario medio mensual de unos 1.000 euros (US$ 1,100) muchas parejas se pensaban dos veces ese gasto.
Además, el número máximo de tratamientos apoyados por el Estado era de 13.000 anuales, mientras que ahora no se pondrán límites.
ESCASOS RESULTADOS HASTA AHORA
Hasta ahora los esfuerzos gubernamentales para revertir la caída demográfica en la última década no tuvieron grandes resultados, aunque la tasa de natalidad por mujer ha subido de 1,2 a 1,5 hijos, lo que sigue estando muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población, que es de 2,1 hijos por mujer.
La población húngara baja desde hace una década a un ritmo de unas 20.000 personas anuales, algo que Orbán intenta frenar con ambiciosos programas financieros y fiscales para las familias.
Sus políticas demográficas acentúan el papel de la familia tradicional -y el rol clásico de la mujer como madre- en la construcción de la sociedad. Además, el Gobierno húngaro es un feroz defensor de la identidad cristiana de Europa.
Hace un año se aprobó un paquete legislativo para incentivar -con alivios fiscales y ayudas financieras- la natalidad, que ha ayudado hasta ahora a 100,000 familias, afirma el Gobierno.
Por el momento estos proyectos no parecen tener resultados ya que, según los últimos datos estadísticos oficiales, en los primeros 10 meses de 2019 nacieron unos 74.000 niños -un 1,6 % menos- que en el mismo periodo de 2018.
En los últimos años, la cifra de nacimientos se sitúa en los 90,000, de los cuales entre un 2,5 y un 3 % lo hacen con la ayuda de algún tratamiento. Se calcula que una de cada siete parejas sufre infertilidad. En este contexto se han nacionalizado las clínicas.
DUDAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA
“El programa en sí es positivo desde el punto de vista que desde ahora el tratamiento y los medicamentos serán gratuitos y así es un respaldo a las metas del Gobierno”, explicó en unas declaraciones a Efe médico y experto en sanidad Zsombor Kunetz.
Por otra parte, para el analista, “no queda claro por qué ha decidido el Gobierno comprar las clínicas, ya que ese apoyo se podía haber ofrecido dentro del marco del sistema anterior”, basado en centros privados.
El nuevo sistema “hace imposible la competencia”, ya que los otros centros que no forman parte del proyecto no podrán sobrevivir por la gratuidad de los tratamientos públicos.
“Las clínicas funcionarán desde ahora bajo control gubernamental y sabemos que el Estado no es un buen administrador”, afirmó Kunetz, y opinó que bajará el nivel de los tratamientos, mientras que el reducido número de clínicas generará listas de espera y, de esta forma, corrupción.
Por otra parte, Gabriella Lantos, experta en sanidad, explicó al portal 444 que “la meta del Gobierno es expulsar del sector a los actores del mercado, ya que éstos no podrán competir después de la nacionalización” sin recibir apoyo estatal.
Subrayó además que el decreto oficial sobre la nacionalización de las seis clínicas establece que el nuevo sistema funcionará en su estado actual hasta el 31 de diciembre de 2022. “Después podrá pasar cualquier cosa”, advierte.
Kunetz y Lantos coinciden en su temor a que el Gobierno, después de esa fecha, apoye la privatización del sector por parte de algún inversor cercano al Ejecutivo.
De una forma u otra, los cálculos oficiales esperan que como parte de este programa nazcan unos 4,000 niños hasta 2022, una cifra minúscula frente a los 90,000 nacimientos anuales.
Las clínicas afectadas por la nacionalización no han hecho declaraciones a la prensa y tampoco se conocen los detalles del programa, principalmente en lo que se refiere a la compra y venta de las clínicas.
