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En los últimos años ha crecido la lista de personajes públicos peruanos cuestionados por presuntos plagios en las tesis que realizaron para alcanzar un título académico. Entre ellos figuran el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; el fundador de la Universidad César Vallejo, César Acuña; el actual ministro de Educación Rosendo Serna, y hasta el presidente Pedro Castillo. Y aunque en todos los casos, los implicados han negado irregularidades, ¿nos dice algo del sistema universitario?
Jorge Mori, exdirector general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), aclara que los casos mencionados datan de años previos a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en el 2016. No obstante, revela el bajo rigor académico que exigían algunas universidades antes de la reforma universitaria.
Aulas instaladas encima de restaurantes, estructuras sin las condiciones básicas como servicios adecuados o laboratorios sin los estándares mínimos de calidad, eran parte de la vida académica de millones de jóvenes por varios años. Sin incluir la larga lista de programas académicos creados solo “para estafar”.
“El país adolece de una desigualdad educativa, es decir, quien tiene dinero puede pagar la mejor universidad, y quien no, era estafado por universidades que prometían un título sin brindar las herramientas adecuadas, y tampoco existían los controles que exigieran originalidad en las investigaciones académicas”, agrega Mori.
Idel Vexler, académico y exministro de Educación, dijo también a Gestión.pe que en los últimos diez años ha proliferado la creación de maestrías y doctorados ante la aparente demanda del mercado laboral -sobre todo en el sector público- que priorizaría estos títulos antes que la licenciatura. “Aumentó el número de estos programas académicos pero se debilitó la exigencia y rigurosidad técnica que deben tener”, lamentó.
De hecho, un reciente informe publicado en Gestión.pe (Gestión 12.05.2022) reveló que 95 universidades a nivel nacional tuvieron que desistir de 3,243 programas en total para poder licenciarse. El 27.1% de programas eran de maestría, 10.8% de segunda especialidad y el 3.7% de doctorado.
¿Se puede combatir?
La primera herramienta para combatir el mercantilismo en el mercado universitario es el fortalecimiento de la Sunedu y no su debilitamiento, dicen los expertos, en referencia a la reciente autógrafa de ley aprobada en el Congreso de la República que permitiría -de oficializarse- que los rectores aprueben los licenciamientos, tal y como sucedía en la Asamblea Nacional de Rectores.
“Tal y como está aprobado el nuevo consejo directivo de la Sunedu, a través de la nueva ley, genera preocupación porque debilita la reforma. Sin embargo, también es cierto que la actual elección del consejo debe mejorarse, y debería estar integrado por profesionales elegidos a través de concurso público de méritos y por otra entidad que no sea el Ministerio de Educación que actualmente concentra todo el poder”, refiere Vexler.
Mori, por su parte, agrega que la posible nueva conformación de integrantes del Consejo permitiría que universidades cerradas puedan volver a obtener permisos, y abriría un conflicto de intereses.
Entre ellas, las empresas educativas del congresista José Luna Gálvez, como la Universidad Privada Telesup, con cinco sedes en el Cercado de Lima, La Victoria y Huachipa; la Universidad Ciencias de la Salud, en Arequipa; la Escuela Internacional de Posgrado, en Lima; y el instituto Intur Perú, en San Isidro y Cercado, que no pasaron el proceso de licenciamiento.
Cabe indicar que con el proceso de licenciamiento, otras empresas educativas tuvieron que limitar su expansión. En el caso de la Universidad César Vallejo, desistió de 39 programas de estudio (9 de pregrado, 21 maestrías, 2 doctorados y 7 segundas especialidades). Con esto, pasó de ofrecer 118 programas a 79. Asimismo, la universidad desistió de ofertar el servicio educativo universitario en cinco filiales, según reportó la Sunedu.
“Hoy la Sunedu cuenta con el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati), un sistema de información que permite transparentar y dar a conocer a la ciudadanía los trabajos de investigación realizados, y brinda información a la población sobre lo que se ofrece en los programas de posgrado o el número de tesis”, explicó Mori.
Otra herramienta con la que cuenta el sistema educativo en el país para defenderse de un posible sistema mercantilista en el presente, es la vigilancia de la misma comunidad universitaria, señala Vexler.
El último viernes, previo a la marcha organizada por colectivos estudiantiles contra la reforma universitaria, Wendy Yamac, representante del bloque universitario y de la Federación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advirtió que de oficializarse la ley del Congreso, Sunedu quedaría imposibilitado de licenciar los programas de medicina con lo que se corre el riesgo de que, en el futuro, más médicos reprueben el Examen Nacional de Medicina (ENAM): hoy el 42% no lo aprueba. “La educación y salud deben ser un derecho y no un negocio”, enfatizó.
Vexler finalmente recordó que lo avanzado por la Sunedu a la fecha es tan solo un paso -asegurar las condiciones básicas para ofrecer la enseñanza-. “Pero la verdadera reforma universitaria se verá cuando exista una mejor calidad de talento educativo, gobernanza universitaria y las casas de estudio obtengan recursos para talleres y conectividad. Que quien no tiene dinero igual acceda a una educación de calidad, y que los futuros profesionales mejoren la competitividad del país”.
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