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La Corte Suprema declaro “inadmisible” el recurso de casación que presentó el Ministerio Público con el que buscaba imponer la sanción al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
La Fiscalía interpuso dicho recurso contra la resolución que emitió el 6 de enero la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional en la que confirmó la decisión del juez Jhon Pillaca quien el 25 de noviembre del 2022 declaró infundado dicho pedido fiscal contra Cerrón Rojas.
El Ministerio Público deseaba que se imponga 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre.
Además, la instancia fiscal demandaba que se desarrolle doctrina jurisprudencial respecto a la concurrencia de los criterios para determinar el peligro de fuga, al considerar que dicha sala superior perjudicó la debida motivación de las resoluciones judiciales al no brindar las razones mínimas para sustentar su decisión.
La Fiscalía destacaba que Cerrón no cuenta con arraigo domiciliario, ni laboral, por lo que con la decisión de dicha sala superior se habría generado el riesgo de que el investigado eluda la acción de la justicia huyendo o permaneciendo oculto fuera del país.
“El arraigo domiciliario que presuntamente ostentaría el investigado Cerrón Rojas se basa en el domicilio fijado en el distrito de Santa Beatriz, en Lima; no obstante, en el transcurso del proceso ha señalado seis domicilios distintos, y el que señala como su residencia es de propiedad de su madre y coinvestigada, por lo que el bien inmueble constituiría efecto del delito de lavado de activos. La constancia laboral que presenta, lejos de acreditar un arraigo laboral de calidad, corrobora la tesis fiscal de que el investigado es líder de la organización criminal enquistada en el interior del Movimiento Político Nacional Perú Libre”, remarcó la Fiscalía.
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