La Contraloría General informó que el puente Concón en Lunahuaná, se encuentra inutilizable y a punto de colapsar pese a haber sido culminada recién hace dos años.
Pero, ¿cuál fueron las razones? La entidad reguladora apuntó a las irregularidades en la elaboración del expediente técnico, el no cobro de penalidades y la construcción de la infraestructura que han generado un perjuicio de S/ 5′525,525, respectivamente.
La Contraloría informó que por este caso se ha determinado la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lunahuaná responsables de aprobar, autorizar y verificar el correcto uso de los recursos públicos durante la selección de contratistas para la elaboración del expediente técnico y la construcción de la infraestructura.
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Puente que fue construido por El Niño
La construcción del puente se ejecutó como solución al colapso del puente peatonal de madera que interconectaba a la población de los anexos de Concón, Ramadilla y el AAHH Los Olivos, en Lunahuaná, destruido durante el fenómeno del Niño Costero del año 2017.
Ante dicha situación, en 2019 la Municipalidad de Lunahuaná suscribió el contrato para la supervisión y ejecución del proyecto “Reconstrucción de puente de carretera en los tramos 1-827 y 1-828 – calle vía de acceso rural a Concon desde la carretera Lunahuaná” con un plazo de ejecución de 240 días calendario, el mismo que tuvo hasta tres suspensiones de obra, y una inversión de S/ 5′231,919.
La Contraloría identificó situaciones irregulares que impidieron que se cumpla con la finalidad pública de poner al servicio de la ciudadanía un puente seguro.
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Irregularidades en expediente técnico
La Contraloría contó que los funcionarios de la entidad aprobaron expedientes técnicos para la reconstrucción del puente y vías de acceso elaborado por un consultor elegido sin que acredite un previo estudio de mercado para su elección, pues no se mostró correos electrónicos, documentos o cotizaciones de otros proveedores.
El consultor seleccionado no cumplió con los requisitos contractuales exigidos por la entidad y se evidenció que, de los dos profesionales firmantes del expediente técnico final, uno tenía como profesión “Ingeniero de Sistemas” y no un “Ingeniero Civil”, y el otro desconoció haberlo elaborado y suscrito.
Asimismo, el expediente técnico final, que fusionaba dos proyectos iniciales, no cumplió con los requisitos establecidos en el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Estas situaciones generaron un perjuicio económico de S/ 77,600 afectándose la provisión de un puente acorde a las necesidades de la población.
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Sin verificación de personal clave
La auditoría evidenció que, tras la suscripción del contrato para la ejecución de la obra, funcionarios de la comuna permitieron que los trabajos sean ejecutados por profesionales que no conformaban el personal clave ofrecido por el consorcio ejecutor.
Asimismo, fueron reemplazados sin sustento por profesionales que no cumplían con el perfil requerido, como el caso del residente de obra que no contaba con la experiencia establecida en las bases de la contratación pública especial.
También, se aprobó el cambio de personal clave sin contar con sustento y dejando de cobrar las penalidades respectivas, generándose un perjuicio por S/ 68,800.
La Contraloría informó que evidenció que previo al contrato de la obra, el consorcio que se adjudicó la construcción del puente y los accesos presentó a la municipalidad la documentación de profesionales propuestos como personal clave, sin embargo, esas personas señalaron no tener conocimiento de su condición y no haber participado en la ejecución de los trabajos.
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Deficiencias en construcción
Durante la visita de inspección, la Contraloría evidenció que el pilar central del puente (estribo) presentó un asentamiento (inclinación de la estructura) que la hace inutilizable y se verificó que no cuenta con el terraplén de acceso por uno de sus lados.
También, indicó que todas estas situaciones observadas en la etapa constructiva de la obra devinieron en el perjuicio económico de S/ 5′379,125 y la afectación de la calidad de vida de los beneficiarios al no contar con una infraestructura que actualmente está inoperativa y a punto de colapsar.
Otra situación observada es que la valorización del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 se sustentó en comprobantes de pago que consignó números de RUC distintos al de sus emisores y con documentos no reconocidos por la SUNAT, sin embargo, se dio conformidad y el desembolso de S/ 95,674, afectándose el correcto uso de recursos públicos.
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