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El presidente peruano Pedro Castillo cumple este jueves un año de gestión asediado por indagaciones fiscales de presunta corrupción, golpeado por la inflación global que ha encarecido los alimentos y la gasolina que afecta a los más pobres y enfrentado a un Congreso que intentó destituirlo en dos ocasiones.
El centro histórico de Lima amaneció con fuertes despliegues de seguridad policial y las actividades del mandatario están programadas para desarrollarse a pocas cuadras del palacio presidencial e incluyen una misa en la catedral de Lima y un discurso en el cercano Parlamento.
Es el primer mandatario en funciones con cinco investigaciones en su contra, cuatro por presunta corrupción y una adicional por un supuesto plagio de su tesis ocurrida una década atrás. Su círculo de confianza está prófugo, entre ellos su sobrino y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Su exsecretario Bruno Pacheco se entregó a los fiscales el sábado tras estar escondido por casi cuatro meses.
Pese a que al momento no hay prueba directa que relacione a Castillo con crímenes por corrupción, la fiscal de la Nación y un equipo de fiscales llamados “contra la corrupción del poder” han comenzado a investigar al entorno del mandatario.
Castillo no ha brindado explicaciones sobre las investigaciones. Ha dicho que no le hallarán pruebas y que si logran demostrar que robó dinero al fisco él mismo se condenará a cadena perpetua y se someterá a la justicia campesina que castiga a los ladrones con azotes en las nalgas.
Su popularidad, que nunca fue elevada, empezó con 38% hace un año, pero ahora está en 19%, según una encuesta de junio del Instituto de Estudios Peruanos. La mayoría de promesas con las que accedió al poder no se han cumplido.
Ofreció luchar contra la corrupción, reescribir la Constitución, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas.
También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión, convertir el palacio presidencial en un museo y vender el avión presidencial.
En contraparte, el domingo Castillo publicó una ley que empodera a los sindicatos en un cambio notorio en comparación con las últimas tres décadas, lo cual ha enfurecido a los gremios empresariales y ha sido recibido con aplausos por los sindicatos locales.
Los expertos debaten si es de izquierda, derecha o si se acomoda al vaivén de las circunstancias.
Conservador en temas sociales y con nula experiencia de gestión pública, Castillo ingresó al poder de la mano del partido marxista Perú Libre, pero tuvo entre sus cuatro primeros ministros a uno de extrema derecha que duró pocos días y renunció luego que la prensa descubrió que tenía denuncias de violencia contra su esposa e hija.
Por los 19 ministerios de su gabinete han pasado 58 secretarios en un año, estableciendo una marca nacional y mostrándolo como poco cuidadoso al tomar decisiones, según sus críticos.
No obstante, los peruanos de las zonas remotas consideran que el Parlamento no lo deja gobernar. El Congreso intentó destituirlo en dos ocasiones y lo aceptó como mandatario a regañadientes. Apenas iniciada sus funciones creó una comisión para investigar si había ganado con fraude, una acusación que fue desmentida por una misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras tanto, la inflación global ha provocado protestas en países de Sudamérica, incluyendo varias ciudades de Perú. La inflación de marzo fue la más alta en 26 años, los alimentos se han encarecido y han afectado con fuerza el bolsillo de los más humildes que llegaban golpeados por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que mide oficialmente el índice de precios al consumidor, anunció el 1 de abril que la inflación mensual de marzo fue de 1,48%, la más elevada registrada desde febrero de 1996 cuando llegó a 1.53%, según datos oficiales.
En Perú existen al menos 3,400 ollas comunes y el 70% está en Lima, sobre todo en los cerros sin árboles que rodean la capital.
El gobierno de Castillo está programado para finalizar en el 2026.
