La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos denunció que la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, ha realizado una campaña en su contra para que el pleno del Congreso la inhabilite de la función pública por cinco años.
Ávalos Rivera acusó que Benavides Vargas permitió que sus trabajadores de confianza ofrezcan archivar caso en la Fiscalía a cambio de que los parlamentarios voten para su inhabilitación.
“No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, indicó.
LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos
En ese sentido, la ahora inhabilitada fiscal suprema sostuvo que ella representaba un “obstáculo” para Patricia Benavides ante la Junta de Fiscales Supremos y que eso sería uno de los motivos para que se haya buscado inhabilitarla.
Asimismo, la exfiscal de la Nación anunció que está evaluando acudir a organismos internacionales, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las acusaciones constitucionales contra integrantes del sistema de administración de justicia
“Estoy evaluando acudir a organismos internacionales. El día de hoy ha salido un comunicado de la Comisión Interamericana que justamente le dice que tenga mucho cuidado. Tengo fe que impere (la ley)”, sostuvo previamente para la prensa.
LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte: Congreso aprueba ley para que mandataria despache de manera remota
Inhabilitación
Esta tarde, el pleno del Congreso también aprobó acusar constitucionalmente a Zoraida Ávalos por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se sustenta en que la exfiscal de la Nación habría suspendido arbitrariamente en enero de 2022 las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo.