Este domingo, se revelaron una serie de pruebas que vinculan al congresista Darwin Espinoza (antes miembro de la bancada Acción Popular y ahora de Podemos Perú) en redes de corrupción y tráfico de influencias. Chats, fotografías y testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces detallan cómo el parlamentario utilizó su posición en el Congreso de la República para beneficiar a empresarios pesqueros y gestionar contratos a cambio de millonarias coimas.
Las pruebas obtenidas por Cuarto Poder sugieren que Espinoza operaba no solo en el ámbito parlamentario, sino también en ministerios clave del Gobierno, como el Ministerio de la Producción.
Conversaciones clave
Uno de los elementos más contundentes de esta investigación son los chats obtenidos por la Fiscalía, que demostrarían la influencia que Darwin Espinoza ejercía en el Ministerio de la Producción. En los intercambios de mensajes, el congresista revela su control sobre los nombramientos en dicha cartera y las decisiones administrativas internas.
En un chat, Espinoza le pide a un familiar cercano, identificado como Javier Pérez Reyes, director general de Pesca para consumo humano en el Ministerio de la Producción, que supervise todos los documentos que ingresan y salen de su oficina, dejando claro que nada ocurriría sin su aprobación.
La relación entre Espinoza y Pérez Reyes, quien era su cuñado, va más allá de simples intercambios de información administrativa. En varios chats, Espinoza le solicita a Pérez Reyes que contrate a varios asesores para su dirección en el Ministerio de la Producción, enviándole incluso los currículums de las personas que debía contratar.
Estas pruebas revelarían cómo Espinoza tenía el control absoluto sobre las decisiones clave dentro del ministerio, lo que le habría permitió negociar favores y contratos con empresarios pesqueros y otros actores interesados.
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La “Ley del Atún” y el soborno millonario
Otro hallazgo relevante en la investigación es la llamada “Ley del Atún”, un decreto supremo que modificaba el reglamento de ordenamiento pesquero del atún.
De acuerdo con los testimonios de colaboradores eficaces, Espinoza habría recibido S/ 1 millón como pago a cambio de impulsar la aprobación de este decreto que beneficiaba a empresarios pesqueros, entre ellos Juan Ricardo Torres Cubas, quien aparece como uno de los intermediarios clave en esta trama.
El proceso para aprobar este decreto comenzó en el 2021, cuando Espinoza asumió la presidencia de la Comisión de Vivienda y Construcción. Desde su posición de poder, Espinoza habría presionado para que se modificara la normativa pesquera, asegurando la entrada de nuevas inversiones en la industria pesquera.
La promesa de la aprobación de la norma, a cambio del soborno, fue documentada en varios chats en los que Espinoza habla directamente con sus colaboradores sobre el proceso de presentación y aprobación del decreto.
En uno de los mensajes, Espinoza exige que el proyecto de resolución sea presentado rápidamente en una sesión del Consejo de Ministros, lo que indica la urgencia con la que se manejaban estos asuntos dentro del gobierno.
Relación con Sada Goray
Un aspecto clave de la investigación es la relación entre Darwin Espinoza y la empresaria Sada Goray, a quien el congresista había negado conocer en diversas ocasiones. Sin embargo, las pruebas fotográficas obtenidas desmienten sus declaraciones.
Las imágenes difundidas muestran al congresista en un viaje a Punta Cana junto a Goray, su esposa Bélgica Arangoitia y el comunicador Kenji Risco. En las fotos, tomadas con una cámara GoPro, Espinoza aparece disfrutando de un paseo en yate y nadando en el mar Caribe junto a la empresaria, lo que deja claro que su relación no solo era profesional, sino también personal.
Estas fotos fueron corroboradas con información geográfica extraída de la memoria SD de la cámara GoPro, lo que confirma la ubicación de las imágenes en Punta Cana, República Dominicana. Las pruebas permiten concluir que Espinoza estuvo en contacto directo con Goray, a pesar de sus constantes negaciones.
Este viaje, además de poner en evidencia la relación personal entre ambos, también se vinculó a negociaciones sobre proyectos inmobiliarios, como el caso del proyecto “Lima Bonita”, que requería el impulso de un proyecto de agua potable para abastecer dicha zona.
Los sobornos y las gestiones a cambio de favores
Los testimonios de colaboradores eficaces también revelan que Espinoza habría recibido sobornos a través de intermediarios como Luis Kenji Risco Urbina. Según la Fiscalía, el primer pago de los S/ 1′050,000 acordados por la modificación del decreto supremo fue entregado a Espinoza en efectivo, en dos entregas, la primera de S/ 800,000 y la segunda de S/ 200,000.
El dinero fue facilitado por Sada Goray y Juan Ricardo Torres Cubas, quienes fueron los principales interesados en la modificación del reglamento pesquero. En sus chats, Espinoza coordina directamente con estos empresarios para asegurar que el proceso fuera aprobado rápidamente a cambio de los pagos acordados.
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