Norma Yarrow sostuvo que  Juan Carlos Villena debe informar sobre las liberaciones de personas detenidas por cometer delitos flagrantes. Foto: Archivo Congreso
Norma Yarrow sostuvo que Juan Carlos Villena debe informar sobre las liberaciones de personas detenidas por cometer delitos flagrantes. Foto: Archivo Congreso

Un pedido para que la presidencia del Congreso cite al pleno al fiscal de la Nación, , a fin de informar sobre las liberaciones de personas detenidas por cometer delitos flagrantes, formuló la congresista de las filas de Renovación Popular.

Con tal fin, la parlamentaria envió un oficio al presidente del Parlamento Nacional, , en el que se indica que la citación debe efectuarse con carácter de urgencia.

En el documento se indica que el miércoles 11 de setiembre, el fiscal de la Nación se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso e indicó que existen impedimentos normativos para que los fiscales puedan ejercer sus competencias y garanticen el encarcelamiento de las personas detenidas en flagrancia.

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Villena también señaló que hay “preceptos legales que impiden que el Ministerio Público a través de sus fiscales acuse o solicite la detención preventiva ante el Juez, ya que saldrían en libertad”.

Es en base a estas afirmaciones que Yarrow considera necesario que el referido magistrado sea convocado al Congreso.

“Es urgente invitar al fiscal de la Nación ante el pleno del Congreso de la República para que explique las acciones realizadas por su sector, así como su diagnóstico de modificatoria de estos preceptos legales. El Ministerio Público como institución autónoma y titular de la investigación penal debe aclarar dichos argumentos”, señala en su solicitud la parlamentaria.

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Sustento del pedido

Norma Yarrow señaló que este pedido se sustenta en el artículo 96 de la Constitución y el artículo 22 literal ‘b’ y ‘e’ del reglamento del Congreso.

Yarrow recuerda también que las normas mencionadas por Villena como impedimento para que delincuentes capturados en flagrancia sean encarcelados, son el decreto legislativo 1585, referido al deshacinamiento penitenciario, así como dos acuerdos plenarios de la Junta de Fiscales Supremos.

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