El Poder Judicial ratificó decisión de transferir al Estado peruano la titularidad de dos terrenos adquiridos en el Proyecto Especial Chavimochic, Virú, La Libertad. Foto: Andina
El Poder Judicial ratificó decisión de transferir al Estado peruano la titularidad de dos terrenos adquiridos en el Proyecto Especial Chavimochic, Virú, La Libertad. Foto: Andina

El ratificó la decisión de transferir al la titularidad de dos terrenos adquiridos, en 1998, de forma irregular por el expresidente del directorio de la disuelta compañía de seguros Popular y Porvenir, Augusto Miyagusuku Miagui, en el Proyecto Especial Chavimochic, Virú, La Libertad.

La sentencia fue expedida por la Sala de Apelaciones Transitoria en Extinción de Dominio con sede en Lima, y dispuso la transferencia de los bienes al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Los espacios en mención están comprendidos por los lotes 7B-II de 1018.40 hectáreas y DB5-III de 128.40 hectáreas, adquiridos por US$ 1 millón y US$ 140,001, respectivamente, el 31 de julio de 1998 por Miyagusuku Miagui.

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De acuerdo con el fallo judicial, el 7 de noviembre de 2000, el exfuncionario vendió el lote 7B-II a la empresa Leche Gloria a menor precio del que lo adquirió, a US$ 200,000 y, posteriormente, esta compañía lo vendió a la empresa Camposol S. A., a US$ 650,000.

Por su parte, el lote DB5-III, adquirido inicialmente en 1998 a US$ 140,001, fue vendido a la empresa Agro Depot S. A. el 26 de agosto de 2004 a solo US$ 20,000, y luego esta después la vendió a la compañía Arato Perú S. A., el 22 de julio de 2011, a US$ 200,000.

En su resolución, la Sala sostiene el origen ilícito de la adquisición de los terrenos, entre otros medios, en un testimonio del exasesor Vladimiro Montesinos, quien declaró ante la Fiscalía de la Nación, el 11 de julio del 2001.

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“(…) Hay un fundo que se compra en el norte, en Chavimochic, para cuya adquisición el declarante le pagó US$ 800,000 a Miyagusuku en presencia de Absalón Vásquez y del propio Fujimori”, señaló Montesinos en aquel momento.

Respecto a las empresas que indicaron haber adquirido estos espacios de buena fe, el tribunal señaló que estas compañías son de extensa trayectoria y realizan transacciones de gran envergadura, por lo que debieron estar en capacidad y deber social de asegurarse que el bien adquirido no estaba maculado; sin embargo, no hicieron esto.

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