La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada en el marco del caso Línea Amarilla, seguirá cumpliendo con la regla de conducta de pasar cada 15 días por un un control biométrico “de manera virtual”.
Así lo ordenó la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, al declarar infundada la apelación presentada por la Fiscalía con la finalidad de revocar la resolución de primera instancia, en la que se prorrogó la solicitud de la exalcaldesa para continuar con esta medida.
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En su pedido, el Ministerio Público denunció que el fallo emitido el pasado 17 de enero por el juez supremo de investigación preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, vulnera al derecho a la debida motivación, ya que no se habría precisado el periodo de la prórroga solicitada ni se ha señalado un dato objetivo que permita su determinación.
Insistieron en que no existen sustentos probatorios que determinen una situación excepcional por razones de salud, tal como alega la defensa de Villarán, así como advirtieron que en este caso concreto existe un peligro de fuga con cierto nivel de intensidad.
Sin embargo, el tribunal superior rechazó el pedido al determinar que el fallo emitido por Chávez Tamariz sí contiene una adecuada motivación, ya que se habría justificado razonablemente la decisión adoptada en las condiciones particulares de salud y edad de la investigada, su arraigo al proceso, así como en los estándares normativos aplicables que garantizan una atención prioritaria y digna para las personas adultas mayores.
En ese sentido, la sala judicial recordó que la exburgomaestre está próxima a cumplir 75 años, así como padece enfermedades crónicas que han sido reconocidas en anteriores pronunciamientos judiciales y que podrían agravarse ante el estrés que le genera el proceso.
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“En consecuencia, exigir a la investigada Villarán de la Puente, dada su edad y condiciones de salud, que se traslade desde su domicilio ubicado a dos horas de la ciudad (Lurín) para cumplir con el registro biométrico presencial cada 15 días, no resulta razonable ni acorde con la especial protección y facilidades que se le debe brindar en su calidad de adulta mayor”, concluyeron los integrantes de la sala.
¿De qué se le acusa a Villarán?
Actualmente Villarán, quien es investigada por los presuntos delitos de colusión agravada y otros, afronta una orden de detención domiciliaria en el marco del caso Línea Amarilla.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la exburgomaestre habría concertado con directivos de las empresas O.A.S. Sucursal Perú y LAMSAC, a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla, en el año 2012.
Esto habría permitido un reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de que la exautoridad edil obtenga apoyo económico para financiar su campaña de reelección en el sillón municipal, en el año 2014.
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