Por mayoría, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional ordenó anular el juicio oral seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros investigados por el presunto delito de organización criminal, lavado de activos y otros.
Esto, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el habeas corpus que presentó el exsecretario de Fuerza Popular, José Chlimper, para ser apartado de dicho proceso judicial.
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Los jueces Mercedes Caballero García, presidenta de la sala, y Max Vengoa Valdeiglesias se pronunciaron a favor de las demandas de Fujimori y los demás acusados, mientras que Nayko Coronado Salazar emitió un voto en discordia, al rechazar dichos recursos.
De esta manera, todo el caso regresará a etapa intermedia a fin de que se pueda realizar un nuevo control de acusación; es decir, el Equipo Especial Lava Jato tendrá que corregir el documento y presentar una nueva acusación contra los involucrados. Luego de ello, y tras la evaluación previa de la sala judicial, recién se pasaría a un nuevo juicio oral.
¿Cuáles son los siguientes pasos que deberá seguir la Fiscalía?
La abogada penalista Romy Chang explicó en una entrevista que tras este fallo judicial la acusación planteada contra Fujimori y demás investigados “ya no va a surtir efecto” al ser declarada nula, por lo que se deberá realizar un nuevo documento acusatorio.
“El Ministerio Público nuevamente tiene que hacer una evaluación de todo lo que tiene y evaluar si, con todo eso, realmente puede presentar una acusación que satisfaga lo que, en su momento, dijo el TC, que es que no se había respetado adecuadamente el derecho de defensa de las partes”, dijo a RPP.
En ese sentido, remarcó que todos los actos que se habían programado en el juicio oral, como la declaración de testigos y la presentación de pruebas escritas y orales, ya no serán realizadas.
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“Esto significa que todo regresa a la etapa anterior y, por tanto, ya no tiene sentido que las personas sigan acudiendo como testigos a rendir su manifestación. Entonces, vamos a volver a empezar, realmente aquí estamos diciendo que todo el tiempo que se invirtió en las 19 correcciones que hizo la Fiscalía de la acusación, en verdad, va a ser tiempo muerto, porque una vez más va a tener que volver a hacer su acusación”, acotó.
Al ser consultada por el tiempo que tomaría a la Fiscalía presentar una nueva acusación, Chang advirtió que podría tardar y generar que, finalmente, sea archivado; sin embargo, precisó que los delitos imputados a Fujimori y los demás procesados no prescribirían.
“Es difícil que prescriba porque hablamos de un delito bastante grave, como es organización criminal, lavado de activos, tendrían que pasar muchos años. Pero el tema aquí es que ya ha habido pronunciamientos del TC anteriormente, como, por ejemplo, en el caso del general (Walter) Chacón, en la que se dijo que una persona no puede estar procesada eternamente; o sea, no es que, porque el delito prescribe en 30 años, nos vamos a demorar 30 años en procesarla, porque el estado natural de las personas no es estar sometidas a un proceso”, apuntó.
Por su parte, Luis Lamas Puccio aclaró que esta medida no debe confundirse con una absolución de los procesados, ya que lo que ocurrió fue una anulación de la acusación presentada por el Ministerio Público.
“Lo primero que hay que dejar en claro es que no se trata de una absolución, la anulación es diferente. El juicio retrocede a la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual debe pasar nuevamente por un control”, señaló a Canal N.
El abogado penalista añadió que el hecho de que el caso haya regresado a etapa intermedia no significa que los investigados sean exonerados, sino que la acusación deberá ser nuevamente evaluada.
“Lo que se busca ahora es verificar si la acusación presentada por la Fiscalía cumple con los requisitos mínimos para que el juicio continúe”, sostuvo.
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¿El recurso impugnatorio de la Fiscalía debe ser tomado en cuenta?
Tras conocerse la decisión el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, el fiscal José Domingo Pérez anunció que interpondrá el recurso de impugnación correspondiente en el plazo de ley. Lo mismo planteará el representante de la Procuraduría de Lavado de Activos.
Respecto a este tema, Lamas Puccio consideró que no sería recomendable que la Fiscalía insista con apelar el fallo judicial al señalar que también tendría un resultado desfavorable en una segunda instancia.
A su juicio, esta es una oportunidad perfecta para que el Ministerio Público depure su acusación, presente un nuevo documento y entre con el pie derecho a un nuevo juicio oral.
“Desde el punto de vista de la eficiencia de la Fiscalía, se debería debatir esta controversia con una nueva acusación (...) si no hay una buena acusación, por más que haya superado los elementos de convicción y el análisis de tipicidad, en el nuevo juicio oral adolecería de una serie de deficiencias que, evidentemente, van a ser capitalizadas por la defensas de los acusados, porque los errores de la acusación se van a repetir en el contenido de la sentencia. Eso será aprovechado por las partes para pedir la absolución”, advirtió.
El abogado remarcó que está en juego el prestigio de la Fiscalía respecto a su profesionalismo y cómo se formalizan las acusaciones.
“Entendemos que la Fiscalía debe tener la suficiente capacidad analítica desde el punto de vista legal y jurídica para reorganizar la acusación, centrarla en las pruebas, someterla a un nuevo control de la acusación y superar lo que pueda presentarse”, aseguró.
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El factor José Domingo Pérez: ¿debe ser apartado del caso?
Como era de esperarse, todos los reflectores apuntaron hacia Pérez, cuya actuación en el proceso judicial fue fuertemente cuestionada tras la anulación del juicio oral del caso ‘Cocteles’.
Tanto Chang como Lamas Puccio coincidieron en señalar que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá evaluar si conviene que el mismo fiscal se mantenga a cargo del caso.
“La Fiscal de la Nación tiene que hacer una evaluación sobre si conviene o no, a efectos del caso y de la estrategia, que se mantenga el mismo fiscal o que cambie de fiscal, porque recordemos que todas las argumentaciones que se han venido planteando ante el TC, en el habeas corpus y en las diferentes instancias constitucionales, han sido por supuestas malas actuaciones del fiscal José Domingo Pérez”, recordó Chang.
“Entonces, la pregunta es si realmente tiene sentido que sea el mismo fiscal el que siga llevando adelante el juicio (oral) o si es mejor que un fiscal más objetivo, que pueda suplir las deficiencias que habría detectado el Tribunal Constitucional, pueda hacerse cargo de esta nueva presentación de acusación”, añadió.
En la misma línea, Lamas Puccio indicó que Pérez debería abstenerse de participar en la redacción de la nueva acusación a raíz de todos los cuestionamientos que pesan en su contra.
“Partiendo de la premisa de que lo que está de por medio es la imagen del Ministerio Público y que existe un cuestionamiento directo e indirecto contra la labor que desarrolló José Domingo Pérez, por una cuestión de principios este debería abstenerse de continuar participando y que sea un nuevo fiscal el que tenga que formalizar una nueva acusación, con un análisis totalmente distinto que el anterior”, acotó.
Los otros investigados son: Jaime Yoshiyama, Ana Hertz, Efraín Goldenberg, Adriana Tarazona, Pier Figari, Luis Barboza Dávila, Augusto Bedoya, Vicente Silva Checa, Antonietta Gutiérrez y Mark Vito Villanela, así como las empresas MVV Bienes Raíces S.A.C. y el partido Fuerza Popular.
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