La iniciativa que propone incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años de edad como imputables dentro del sistema penal, fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Ahora, esta medida será elevada a la Comisión Permanente para una decisión final.
Ante ello, especialistas analizan el caso, las posibles repercusiones y otras aristas que el Congreso también debe evaluar antes de aceptar modificar el artículo 20 del Código Penal.
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La pena de cárcel a menores de edad, ¿combatirá el sicariato?
Los adolescentes que incurren en actos delictivos son llevados a centros de rehabilitación como Maranga, pero el trato que pretenden darles a los jóvenes de 16 a 18 años, es bajo un marco legal similar al de los adultos, esperando que se reinserten a la sociedad.
Gestión conversó con Edward Calmet, asociado senior de Hernández & Cía., quien explicó que el pensamiento del delincuente no es ir a prisión. Teniendo en cuenta a la poca eficacia de las autoridades peruanas, espera salir “bien librado”.
“El adolescente mucho menos va a tener ese nivel de lógica e igual va a delinquir porque la contraprestación que le pagan por el sicariato es muchísimo más importante para él, que el riesgo de irse preso”.
En países vecinos como Estados Unidos, Chile, Uruguay y Colombia, han incorporado esta medida en su Código Penal, pero, de acuerdo al especialista, “no tiene un efecto directo en la reducción de la criminalidad”.
Esto se debe a que “el delincuente que inicia su actividad criminal durante la adolescencia, si no es reeducado, si no se reinserta, si no ve que la sociedad tiene algo mejor para él, va a seguir siendo delincuente. En ningún caso ha habido una reducción directamente vinculada y proporcional a la aplicación de la medida porque estos modelos no son bien pensados”.
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¿Qué medidas deberían aplicarse?
Impulsar el apoyo en la salud mental
Si al Estado le preocupa el bienestar de la población y la reducción progresiva de la criminalidad, debe combatirla desde la raíz, es decir, desde el entorno familiar y las oportunidades en la sociedad.
Walter Ramos, especialista en Derecho penal y magíster en Gobierno y Gestión Pública, dijo para gestión que el Gobierno debe realizar estudios en cuanto al tipo de crianza que tienen los jóvenes. El profesional presenta tres tipos de criminales:
- El criminal insolente: presenta una estructura psicológica y un patrón conductual condicionado por un trastorno de la función socializadora y educativa. Radica en el vínculo paterno y puede cometer delitos a la propiedad, hurto de vivienda, vehículos, faltas normativas sociales, a las buenas costumbres, estafas y tráfico de droga. Este tipo de delincuente juvenil es el más común de todos, pero presenta una mayor probabilidad de rehabilitación y reinserción social
- El criminal indolente: es una estructura psicológica y patrones condicionados con el trastorno de la función nutridora. Está relacionado con el vínculo materno y se caracterizan por un bajo control de sus impulsos, alcanzando niveles altos de agresividad y violencia. Las posibilidades de rehabilitación son bajas.
- El criminal incorregible: presenta un mayor tipo de reincidencia conductual violenta y son los más peligrosos en cuanto a su potencial criminal. Aquí se vincula los trastornos de vínculos maternos y paternos.
“Hoy en día se generan los homicidios por encargo, el sicariato. El Estado debe invertir en los centros de salud mental, partiendo desde el hogar donde realmente se presenta esta conducta, si no, con el tiempo, va a ser un detonante para que los menores sean potenciales delincuentes”, afirma Walter Ramos.
Mayor atención a los centros de rehabilitación
Las medidas de internamiento en estas instituciones no se deberían aplicar, salvo en casos fuertes, pero así como los adultos, con la privación de la libertad, el adolescente no presenta efectos positivos al culminar su estadía porque “lejos de cumplir con la finalidad de socializadora y rehabilitadora, terminan siendo como escuelas del delito”, comenta Edward Calmet
Por ello, recomienda que se realicen “talleres educativos, educación técnica, la oportunidad de acabar sus estudios de secundaria o primaria, atención psicológica, psiquiátrica”, porque son actividades que el Estado no brinda en su totalidad a una gran parte de la población.
De igual manera, Walter Ramos finaliza señalando que “la población penitenciaria es abandonada a su suerte porque no cuentan con los especialistas necesarios, llámese psicólogos o psiquiatras, para que lleven un tratamiento”, por lo que una cárcel “es como una escuela, y en lugar de salir resocializados, salen peor”.
Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.
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