Los ministros del gobierno de Dina Boluarte -al menos quienes se han pronunciado públicamente- apoyan la postura de rechazo hacia la orden de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte.
Boluarte Zegarra, prófugo de la justicia, es investigado por el Ministerio Público bajo la acusación de liderar una presunta organización criminal. Según las indagaciones, habría conformado un “grupo de confianza” para ejecutar un plan ilícito con el apoyo de operadores regionales.
El objetivo, según la Fiscalía, sería tomar control de la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior mediante el nombramiento irregular de prefectos y subprefectos en las regiones de San Martín, Cajamarca, Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco; y así conseguir firmas para fichas de afiliación y contribución económica al partido político ‘Ciudadanos por el Perú’ para facilitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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Pronunciamiento en bloque
Los ministros del gobierno de Dina Boluarte han rechazado públicamente la medida determinada por la justicia. En principio, lo hizo Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, quien es uno de los miembros del Gabinete que más tiempo permanece en el cargo. Ejerce como titular de dicho sector desde diciembre de 2022.
“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas pasan a ser un coro en el campo político, en la que se dirá: presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado, y eso no es así. Vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez (Concepción) Carhuancho, en la detención preliminar, dio una sanción con restricción de la libertad y la sala superior revocó esa decisión por algo fundamental. El señor (Concepción) Carhuancho señala que el señor Nicanor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, señaló.
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Uno de los últimos en pronunciarse fue el ministro de Economía, José Arista, quien consideró que le llama la atención que una persona para ser investigada tenga que ser encarcelada durante 36 meses.
“Sobre ese tema [...] nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado. Es una persona natural, él toma sus propias decisiones. Como cualquier ciudadano, no como ministro, considero que en el Perú debemos respetar los derechos de las personas. A mí en este caso me llama la atención que para investigar a una persona tengan que meterlo a la cárcel 36 meses. A nadie nos va a gustar, el día que atravesemos ese problema”, expresó.
A su vez, también se pronunció el ministro de Salud, César Vásquez, quien es otro de los que se mantiene en el cargo pese a los relevos ministeriales. Ocupa el puesto desde el 19 de junio del 2023. Vásquez atribuyó a que el juez a cargo del caso tiene una pasión por ser mediático.
“Los mismos enemigos del Perú que buscaban boicotear la APEC con paros, que son parte de fuerzas oscuras, ahora atacan al Gobierno y tratan de desestabilizarlo con estas medidas. Me parece que el juez tiene mucho afán mediático, pasión por las cámaras”, dijo a la prensa.
Antes de sus declaraciones se pronunció el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; así como el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. Ambos coinciden en su crítica hacia la decisión judicial.
“El doctor (Nicanor) Boluarte no es parte del Ejecutivo. No lo ha sido. No da instrucciones a nadie (...) Cuando el mismo caso se vio hace cuatro meses declaré que considero que tenemos un bajísimo estándar de libertad. Ratifico ello: tenemos un bajísimo estándar de libertad. La privación de la libertad debe ser el extremo último”, mencionó Adrianzén a los medios de comunicación.
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Por su parte, Daniel Maurate consideró que “se deben respetar los derechos fundamentales de todos”.
“En general me expreso, que los peruanos cuando somos citados a una autoridad, tengamos la confianza que vamos a ser vistos de manera imparcial y que podemos confiar en un fiscal y un juez. Es todo lo que podemos decir”, agregó.
El Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, al estar inubicable tras dictarle 36 meses de prisión preventiva.
Efectivos de la Policía Judicial acudieron a su domicilio para notificarles la decisión del juzgado, sin éxito al no encontrarse en la vivienda registrada.
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