La Contraloría General de la República presentó esta mañana los resultados de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la entidad de control. Así, los datos indican que la incidencia de la corrupción en el Estado, al cierre del 2023, fue de 12.7%, del presupuesto devengado del año mencionado, a nivel nacional.
En conferencia de prensa, Nelson Shack informó que la en marzo iniciará un operativo de control en torno a las consultorías del Estado, en el que se revisará la adquisición de este tipo de servicios en 3,040 entidades públicas hasta diciembre pasado.
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“En 2023, casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones se hizo a dedo. Se gastaron más de S/ 19,300 millones en 3.7 millones contrataciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es una barbaridad. Ya tenemos esos documentos, ahora queremos verificar los entregables”, aseguró el contralor.
Añadió que el monto desembolsado el año pasado con destino a los asesoramientos fue alrededor de S/ 6 millones. El dinero gastado en dicho servicio tuvo un incremento de 15% entre el 2022 y 2023.
En ese sentido, explicó que sus estimaciones apuntan que la suma necesaria para sacar de la pobreza a un buen número de peruanos es de S/ 10 a S/ 11 mil millones; es decir, lo que gasta el Estado en consultorías en dos años.
“Con la plata que se gasta en consultorías durante dos años, eliminamos la pobreza (...) si yo calculo, cuánto es la cantidad de personas que están en la línea de pobreza y cuantifico cuánta plata necesita para salir de la pobreza, sería alrededor de S/ 10 mil o S/ 11 mil millones; es decir, la mitad se gasta en consultorías. Por eso llama la atención por qué se gasta tanto”, cuestionó.
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La Contraloría quiere su propia procuraduría
En otro momento, Shack indicó que presentarán un proyecto de ley ante el Congreso para que la Contraloría cuente con su propia procuraduría especializada en control gubernamental. Esto, con la finalidad de poder gestionar denuncias sobre las irregularidades que detectan.
Recordó que su institución emite diversos informes pero que, a su juicio, la efectividad de la lucha contra la corrupción en el mediano plazo no radica en detectar más casos, sino en “acabar con la impunidad y sancionar a los responsables, ya sea en la vía civil o penal”.
“Creo que la Contraloría debería tener una procuraduría especializada en control gubernamental, que tenga las capacidades incluso operacionales para poder darle el impulso procesal a todos estos casos que nosotros enviamos al sistema de justicia”, sostuvo.
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