El ministro de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, indicó que el Ejecutivo revisará la forma que se otorga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para hacer correcciones radicales y definitivas que enfrenten el accionar de la minería ilegal.
“Las correcciones más radicales que se van a tomar justamente van a tener que ver con la revisión y cancelaciones posiblemente de estos documentos que usan los ilegales para sacar minerales”, afirmó.
Ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, precisó que actualmente hay 87,168 Reinfo, de los cuales 69, 705 se encuentran suspendidos, lo que representa el 80%, que muchas veces es usado por los mineros ilegales para amparar sus operaciones.
“En La Libertad hay 5,191 Reinfo suspendidos de los 6,194 emitido, la mayoría están con permisos suspendido y vienen trabajando”, aseveró.
LEA TAMBIÉN: Reinfo fue un “fracaso” en su proceso de formalización minera, señalan expertos
Indicó que el problema de la minería ilegal es complejo, no solo está vinculado al mal uso del Reinfo sino también con los suministros a los cuales acceden, los mismos que contaminan el medio ambiente, al acceso de armamento y explosivos en el mercado negro.
Por otro lado, según dijo, está la comercialización del producto que llega a lugares de procesamiento del mineral sin tener el trazado de la procedencia del mineral.
“Estos temas tienen que ver con fiscalización y control de diversos sectores de gobierno, en este momento se está formando comisión que lidera la Presidencia del Consejo de Ministros que harán propuestas, entre ellas, que se revise el Reinfo”, aseveró.
Precisó también que la minería informal está permitida en zonas determinadas por mineros inscritos en el Reinfo, cuya fiscalización y autorización se encuentra a cargo de los gobierno regionales que recibirán el 2024 mayor presupuesto para esta labor.
Ministerio del Interior, Sucamec, Sunat
Después de su presentación de tres horas frente a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el titular del Minem, señaló que corresponderá a las entidades que controlan la legalidad tomar acción frente ala minería ilegal.
Al ser consultado por los medios de comunicación sobre las acciones que adoptó la cartera que preside, Vera ratificó que están elaborando una estrategia que integre a entidades como Ministerio Público, Ministerio del Interior, Sucamec, Sunat, entre otras responsables de tomar control sobre la legalidad.
“Tiene que actuar cada entidad. Si nosotros queremos bloquear que no compren explosivos y armamento, hablamos de distintas entidades como Sucamec y Sunat. Debe haber un control”, indicó el titular del Minem.
LEA TAMBIÉN: Poderosa: “atentado se debe al deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”
Recordó que actualmente un contingente policial especializado detuvo a 7 personas que serán investigadas en Pataz, distrito donde se perpetró el último fin de semana un ataque a la Minera Poderosa, que dejó un saldo de 9 empleados de seguridad de la empresa fallecidos.
En otro momento, el ministro manifestó que algunos mineros ilegales extraen minerales porque se amparan en registros de formalización suspendidos.
“Hablamos de algo delictivo, sabemos que están en todo el país”, dijo Vera, tras recordar que la toma de carreteras en enero fue realizada por mineros ilegales.
También destacó la diferencia entre un minero informal que está en trámite de formalización de uno ilegal que está en contra de la ley. “Nosotros como sector tenemos que definirlos”, concluyó.
LEA TAMBIÉN: Ministro de Defensa: ataque a minera Poderosa son actos de terrorismo
Masacre en Minera Poderosa
La masacre de nueve trabajadores de minera Poderosa, en Pataz (La Libertad) al parecer ya se veía venir, pues la empresa señala que tuvo hasta 40 reuniones con autoridades en los últimos tres años, alertando de la inminencia de este desenlace fatal que finalmente ocurrió el último sábado.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía, indicó que la mitad de esas reuniones la sostuvieron en los últimos tres meses alertando de esta situación de violencia (que involucra a mineros ilegales), pues está ya había causado la muerte de siete colaboradores de la empresa en los últimos dos años.
“Los sucesos en Pataz no han ocurrido de manera aislada, sino que son un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona por el crecimiento exponencial de la minería ilegal y el divorcio entre esta y grupos criminales que se han establecido con notoria presencia”, citó De la Flor durante una conferencia de prensa que dio al lado de representantes de otros gremios empresariales, en la que abordaron este tema.
Explicó que los criminales -causantes de esta masacre- fueron traídos por mineros ilegales para que les dieran protección en su disputa con otros mineros que también operan al margen de la ley, pero finalmente los primeros han terminado ejerciendo el control de buena parte de la extracción ilícita de oro en la zona, de operaciones de Poderosa.