Los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de los Fiscales Provinciales, coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y de los Equipos Especiales del Ministerio Público, en representación de todos sus integrantes a nivel nacional, emitieron un pronunciamiento sobre proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el propósito de otorgar facultades la Policía Nacional para realizar investigación preliminar.
Los miembros del Ministerio Público señalaron que la norma es inconstitucional y limita las funciones de los fiscales, por lo cual solicitaron a la presidenta de la república, Dina Boluarte, observar la iniciativa legislativa.
A continuación el pronunciamiento de los fiscales:
1. Alertamos que el proyecto de ley modifica y limita las funciones constitucionales de los fiscales, afectando el derecho a un debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que acuden al sistema de justicia, al desconocer el rol de conducción de la investigación del delito desde su inicio, que el artículo 159 de la Constitución Política del Perú le reconoce al Ministerio Público.
2. Afirmamos que estas reformas legislativas son manifiestamente inconstitucionales, al pretender trasladar a la Policía Nacional del Perú, que depende del Poder Ejecutivo, la conducción de la investigación del delito desde su inicio, incluidas aquellas investigaciones vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios del más alto nivel y poder público, afectando su objetividad, con el consecuente riesgo de impunidad.
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3. Invocamos a los poderes del Estado, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú, a pronunciarse sobre las referidas iniciativas legislativas por ser claramente inconstitucionales.
4. Solicitamos a la señora presidenta de la República que, en el ejercicio de sus prerrogativas, proceda con pleno respeto a la Constitución Política del Perú y observe el proyecto de ley que atenta contra la separación de poderes, el acceso a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos, a quienes el Ministerio Público se debe, en defensa de la democracia, la legalidad y la sociedad en su conjunto.
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