Continúa el desencuentro entre el Congreso y el Gobierno por la investigación que realiza la comisión de Fiscalización sobre un presunto beneficio al líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, para continúe prófugo de la justicia. Esto, a raíz de los audios de las conversaciones que sostuvieron el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, difundidas por los medios de comunicación.
Esta mañana, el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, Eduardo Borda Pérez, y el miembro de la seguridad personal de la presidenta Dina Boluarte, Jhon Janampa Ruiz, fueron convocados por el grupo de trabajo que preside Juan Burgos.
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Tanto el General de la FAP como el suboficial PNP fueron citados para que declaren sobre el supuesto mal uso del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’, que habría sido usado para ayudar a esconder a Cerrón.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior enviaron a Burgos dos oficios, por separado, en los que informaron que ambas personas no declararán sobre dicho tema debido a que no fueron autorizados.
En los documentos se precisa que ambos funcionarios tienen la función de velar por la seguridad integral de la Presidencia de la República, por lo que están “obligados a mantener la reserva de la información” respecto a los planes de protección de Boluarte.
“Sin perjuicio de lo señalado, es necesario recordar que se declaró como reservado el Plan de Seguridad de Palacio y Locales Conexos, y sus Anexos, por lo que el personal vinculado a dirección y/o ejecución de actividades orientadas a implementación de dicho plan no podrían brindar información respecto a los actos vinculados a la ejecución del mismo”, se lee en los oficios.
También fueron citados el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, y el chofer del ‘cofre’, Félix Montalvo; sin embargo, tampoco fueron autorizados para declarar.
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“Ninguna resolución está por encima de la Constitución”
Al respecto, Burgos recordó que ninguna resolución suprema emitida por el Ejecutivo está por encima de la Constitución ni de las facultades que tiene el Congreso, por lo que mostró su molestia por la decisión adoptada por el Mininter y el Mindef.
“Lamentamos que desde Palacio y el Mininter se esté obstruyendo el trabajo de esta comisión. Si no hay nada que esconder, cuál sería la verdadera razón para bloquear el trabajo de fiscalización que estamos realizando”, indicó.
A su juicio, el limitar la asistencia del personal policial a declarar y el emitir resoluciones “ilegales” genera más dudas y nos hace pensar a los congresistas, a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación que realmente el auto presidencial sí habría sido usado para la presunta fuga de Cerrón.
“Las dudas cada vez son más fuertes y fortalecen la hipótesis que el dirigente de Perú Libre sí habría sido ayudado por el Gobierno en su fuga. Un Gobierno transparente no oculta la información, un gobierno correcto no se escuda en una resolución, que está debajo por una ley”, remarcó.
El legislador de Podemos Perú insistió en que la resolución que declara reservado las rutas y la bitácora usada por el ‘cofre’ es cuestionable e ilegal. Además, enfatizó que la información solicitada no está referida a algún plan de seguridad nacional, tal como se quiere hacer ver.
“Aquí no existe un hecho de información reservada, toda vez que los hechos ya ocurrieron entre enero y febrero de este año y las copias de bitácora no ponen en riesgo el sistema de seguridad nacional o pone en peligro la democracia. Solo estamos pidiendo que se aclare por qué el ‘cofre’ estaba en el sur de Lima en la fecha en que la que presidenta no tenía programada ninguna actividad, como lo muestra la agenda presidencial”, aseveró.
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Contraloría recopila información
En otro momento, Burgos informó que la Contraloría General de la República inició un servicio de recopilación de información respecto al uso de vehículos asignados al despacho presidencial para determinar algún hecho irregular.
En la sesión del grupo de trabajo se dio a conocer un oficio enviado por la Contraloría en el que se informó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia de la República inició dicho procedimiento y que ya se le reportó a Vílchez, en su calidad de secretario del Despacho Presidencial.
“Asimismo, cabe precisar que, producto de dicha recopilación, se podría determinar el inicio de un servicio de control, de corresponder, cuyo resultado será notificado oportunamente a las instancias correspondientes”, se lee en el documento.
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