Este viernes, el pleno del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años en contra del exministro de Salud, Víctor Zamora. La representación nacional lo responsabiliza de la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas durante la pandemia por COVID-19.
En una votación realizada por separado, la acusación constitucional superó los 50 votos requeridos como mínimo, y la inhabilitación los 66 que pide el Reglamento del Congreso.
El informe final fue sustentado por la parlamentaria María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y Jorge Montoya, ponente del informe final.
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Según el congresista Montoya, se corroboró que Víctor Zamora omitió sus funciones como ministro de Salud al permitir que se continuara con los actos administrativos indebidos para la adquisición de más de 1 millón de pruebas rápidas, así como su deficiente labor en la crisis del oxígeno durante la pandemia.
El informe final señala que el extitular del Minsa “incumplió su función al no supervisar la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, desde el 20 al 29 de marzo de 2020, al permitir que se continuara ejecutando los actos administrativos indebidos para la adquisición de 1‘400,000 pruebas rápidas contrario a la política nacional de salud vigente”.
Víctor Zamora fue ministro de Salud durante el desarrollo de la primera ola de la pandemia de COVID-19 en el Perú, en el gobierno de Martín Vizcarra.
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Respuesta de Víctor Zamora
Gestión conversó con el exministro de Salud, tras conocerse la decisión del Congreso de la República. En ese sentido, Zamora consideró que “un Congreso deslegitimado” ha tomado una decisión “arbitraria” en su contra, y la misma suerte podrían tener los otros ex altos funcionarios que estuvieron a cargo del Gobierno durante la pandemia.
“(La decisión la toma) un Congreso totalmente deslegitimado, actuando a espaldas de las principales necesidades del pueblo. Más al contrario, favoreciendo, entre otros, a mafias abiertas”, indicó.
“Yo lo tomo como de quien viene, de ese Congreso de la mafia. Además lo tomo como una acción arbitraria y de saldo político para callar aquellos que son vistos como opositores a la actual gestión del país. Esta es una expresión de lo que se ha denominado, pues, la judicialización de la política, carentes de argumentos sólidos para poder juzgar mi gestión de manera técnica y legal, usan y abusan de una interpretación cerrada de la ley para tratar de deslegitimar mi gestión y acallar mi voz”, agregó.
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Con referencia al manejo de la pandemia, que fue el tema central de su inhabilitación y denuncia constitucional en el Congreso, Víctor Zamora señaló que “este país debió estar preparado con decenas de laboratorios y abastecido con los recursos técnicos, humanos y los insumos para hacer pruebas moleculares”, pero en la práctica eso no existía.
“En la teoría nosotros debíamos tener un Mercedes Benz. En la realidad teníamos un motocar, porque no se había invertido durante muchos años y en la fase preparatoria, mientras los países veían como en el norte se incendiaba de COVID; Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, todos salieron de compras y el Perú no. El Perú compró 10 mil pruebas moleculares para enfrentar la pandemia. Y de esas 10 mil yo recibí 6 mil pruebas moleculares y un solo laboratorio. Y 1 millón 400 mil 000 pruebas rápidas. Las decisiones son difíciles en la gestión pública”, sentenció.