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La Comisión de Constitución del Congreso de la República, una de las más disputadas en este quinquenio, es la que registra más proyectos de ley para su respectivo debate y aprobación. Las propuestas legislativas son siete hasta la fecha, de las cuales cuatro buscan modificar la cuestión de confianza o ponerle límites a su interpretación.
Uno de los primeros proyectos ingresados a este grupo de trabajo que preside la legisladora Patricia Juárez de Fuerza Popular es el que busca la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política con el objetivo de establecer un control de precios.
La iniciativa que es de autoría de congresistas de Perú Libre ya se empezó a debatir en la comisión desde el último martes. Pero para sorpresa de muchos, los parlamentarios oficialistas se ausentaron en la sesión.
Modificar y regular la cuestión de confianza
El parlamentario José Luna de Podemos Perú presentó un proyecto de ley 003/2021 - CR de reforma constitucional para regular la cuestión de confianza modificando el artículo 133 de la Constitución con el fin de que este mecanismo del Poder Ejecutivo no se pueda plantear en procedimientos exclusivos del Congreso ni sobre propuestas de referéndum.
Luna pone como precedente histórico la disolución del Parlamento del expresidente Martín Vizcarra, luego de asumir bajo la interpretación fáctica que la confianza le fue negada, luego que el Congreso continuara con la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y no priorizar un proyecto de ley del Ejecutivo para cambiar el sistema de selección de tribunos. El hecho ocurrió el 30 de setiembre del 2019.
El congresista de Acción Popular, Luis Ángel Aragón, remitió una iniciativa 006/2021 -CR que busca limitar la interpretación de la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución con el fin de limitar su aplicación sucesiva.
La congresista Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso (APP) sustentó, el último martes, en la Comisión de Constitución el proyecto de ley 019/2021-CR, referido a la “interpretación de la cuestión de confianza” que sostiene que es necesario interpretar el artículo 132 de la Constitución Política, toda vez que, según la citada disposición, los ministros pueden hacer cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo.
Camones Soriano declaró que la cuestión de confianza no debe ser un mecanismo usado de manera inconstitucional con interpretaciones antojadizas o para lanzar amenazas de cierre contra el Parlamento.
Adriana Tudela, legisladora de Avanza País, también presentó una propuesta legislativa 036-2021-CR que señala que la única posibilidad de plantear una cuestión de confianza “debe interpretarse como referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, no encontrándose entre ellas, las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que son materia exclusiva y excluyente del Congreso de la República”.
Tudela señala en su exposición de motivos que la única finalidad de su proyecto de ley es porque en la forma en que está redactado el artículo 132 de la Constitución Política “se presta a diferentes interpretaciones”.
Reforma del bicentenario y limitar permanencia de tribunos
El congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, planteó la iniciativa legislativa 024-2021-CR, denominada como la norma que “establece las bases para el proceso de reforma constitucional del bicentenario”.
“El proceso de reforma constitucional se llevará a cabo promoviendo el más amplio debate nacional, mediante la permanente realización de eventos académicos como congresos, fórums, conversatorios, entre otros actos que tiendan a la difusión y discusión de las propuestas para la reforma constitucional”, indica el texto.
Asimismo, se incluyen numerales para que las propuestas para modificar la Constitución se limiten a promover la institucionalidad democrática y la división de poderes.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley 007-2021-CR que propone modificar los artículos 9 ° y 10 ° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que busca que los miembros del máximo intérprete de la Carta Magna no excedan por más tiempo sus funciones tras cumplir con sus cinco años ejerciendo el cargo.
La propuesta señala que tras cumplir con sus cinco años, el puesto quedará vacante para que asuma otro magistrado, debido a que no habrá reelección.
Cabe precisar que estos siete proyectos son de reforma constitucional, y por lo tanto, deben ser aprobados por más de 87 votos en dos legislaturas parlamentarias para convertirse en ley.
