La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado Peruano está en una posición de desacato al haber indultado y liberado a Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, la CIDH dispuso una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, “particularmente en lo relativo al indulto por razones humanitarias”, indica su resolución.
Asimismo, declaró que le Estado peruano ha incurrido en un desacato de la Resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidencia de la CIDH el 5 de diciembre del 2023, así como también ha incurrido en un desacato de las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018 y 7 de abril de 2022.
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Al respeto, Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, indicó que este pronunciamiento representa un “fuerte llamado de atención y reclamo —basándose en las leyes de derecho internacional— en la que puso en una condición de desacato de las decisiones y sentencias de la CIDH por parte del Estado peruano”. Lo que correspondería es que eventualmente se convoque una audiencia de supervisión de cumplimiento.
“El Estado peruano tiene dos opciones: una es establecer los mecanismos internos para corregir, en términos concretos, anular la resolución del TC que ordenó la libertad del señor Fujimori; la otra opción es que el Estado Peruano no haga nada y permanezca en esa condición de desacato (...) La circunstancia política que estamos viviendo, entre el Ejecutivo y el Congreso, van a determinar, desde mi punto de vista, que el Estado no va a mover un dedo, más allá que prospere o no ese recurso de nulidad al interior del TC”, detalló en Canal N.
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Al respecto, Delia Muñoz, exministra de Justicia, indicó que el pacto de San José dice que una corte como tal puede emitir sentencia, pero que para ejecutarla se está a buena fe de los Estados. “Si son temas económicos se aplica la ley interna, y si existe incumplimiento tiene que reportar este hecho a la Asamblea General”.
“Procesos de supervisión de sentencias han sido regulados con una norma interna de la Corte, que se llama reglamentos, donde no pueden haber sanciones hacia el Estado, porque las propia Convención no las prevé. Por eso es que la Corte cuando notifica sentencia hace audiencias públicas; y lo que ha implementado este año, para supervisar el país va al país que está incumpliendo para supervisar”, precisó en Canal N.
¿Por qué salió de la cárcel Fujimori?
Como se recuerda, el pasado 4 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) del país ordenó la liberación inmediata de Fujimori por un indulto presidencial concedido en 2017 por razones humanitarias.
El exmandatario venía cumpliendo una condena de 25 años desde 2009 como autor mediato de la masacre de 15 personas en Barrios Altos, la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la Universidad La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto porque “no se cumplieron las condiciones determinadas” en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Pero el Tribunal Constitucional, “en desacato a la Corte IDH”, ordenó la libertad del expresidente, “en contravención a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos” y Fujimori fue liberado.
