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El presidente Pedro Castillo llegó al gobierno con mensajes en su campaña en que anunciaba la desaparición de entidades públicas, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, cuestionando al Banco Central de Reserva o haciendo promesas para desactivar la ATU, Sutran, entre otras.
El discurso parece haberse trasladado poco a poco en algunas entidades que están bajo la competencia del Poder Ejecutivo, cuestionado por las designaciones que ahora no le permiten salir de la crisis que enfrenta.
Esta situación lleva a recordar las designaciones en los cargos que se tenía en los años 80, en el primer gobierno de Alan García, cuando gran parte de los funcionarios eran partidarios, y en el que se observó una debilidad institucional, enfrentando así un alza de precios que llevó a la inflación más alta de la historia de 7,000% en 1987, aunado a las demandas sociales.
Funcionarios nada idóneos
“Un punto importante es que se están designando desde ministros hacia abajo, a funcionarios que no son los idóneos y en muchos casos inclusive violando los requisitos legales o requisitos técnicos establecidos, lo que iría en la pura negligencia”, menciona Juan José Martínez, ex presidente de Servir.
Con ello se estaría retrocediendo casi 30 años la forma en la que se realiza la gestión pública.
“El riesgo es que el Estado, que ya tenía problemas desde antes, va a funcionar peor. Que no les extrañe que de aquí a unos meses no se ejecute el presupuesto en la medida que deba ejecutarse”, remarcó.
En su concepto pareciera que las decisiones son intencionales para la generación de un caos en el funcionamiento del Estado.
Funcionarios de desconfianza
La destrucción de las entidades avanza gradualmente, comenta Mayen Ugarte, quien se desempeñó como Secretaria de Gestión Pública de la PCM, cargo que le permitía ver los cambios en la estructura del Estado.
“Lo que estamos viendo es lo que venía pasando en algunos gobiernos regionales y locales, en lo que prácticamente no hay nada de institucionalidad”, expresó.
Se han debilitado los puestos de confianza, una posición que se ha tergiversado. “Los puestos de confianza son para colocar a una persona que ayude en la toma de decisiones, es la mano derecha”, indicó.
Sin embargo, lo que se realiza en el Gobierno Central es más por un concepto de confianza como llevan algunas regiones o gobiernos locales, es más la confianza por la amistad o la confianza política, no se lleva a cuadros técnicos en estos cargos, afirmó.
“Están descabezando las instituciones y lo están realizando oficina por oficina”, remarcó.
Funcionarios enemigos
En el caso de los servidores públicos que quedan, que no los puedan cambiar de inmediato, que son “funcionarios de carrera”, son considerados enemigos.
“Son personas que de manera técnica se oponen a una decisión”, menciona, y que a ellos, según ha trascendido, “los están cansando”.
“El gobernante no es un rey, es un poder administrativo y ese poder tiene un contrapeso y reglas, por eso existe la administración pública”, remarcó Ugarte.
El primer acto de honestidad es reconocer que no está preparado para el puesto que se le está llamando.
De la misma manera, comenta que hay un grave retroceso en el Estado.
“Lo que tomó al Estado después del primer gobierno aprista (en los años 80) costó mucho, y reconstruirlo ahora al Estado tendrá un costo mucho más alto”, manifestó.
Impacto en los ciudadanos
Juan José Martínez sostiene que estos cambios llevan a un impacto en el ciudadano que requiere de los servicios del Estado.
“Mi sensación es que estamos viviendo una reedición de lo que pasó en los años 80″, indicó.
En ese sentido, ante la debilidad institucional, señaló que hay funcionarios del sector público que han salido del Estado y se han recolocado en el sector privado o están laborando en el exterior.
“Ahora será más difícil recuperarlos nuevamente para el Estado”, dijo.
Finalmente, frente a este escenario, hizo una invocación para que los ciudadanos elijan mejor a las nuevas autoridades locales y regionales en las próximas elecciones que se realizarán en octubre próximo.
