La SIP denuncia “notoria falta de transparencia” de las autoridades de Perú

El Ejecutivo y el Congreso de Perú mostraron una “notoria” falta de transparencia durante el último semestre, al realizar numerosas actividades que “no contaron con la suficiente transmisión, presencia de periodistas ni con la posibilidad de hacer preguntas”, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Al presentar su informe preliminar sobre la situación de la libertad de prensa en el país andino, la SIP agregó que el nuevo congreso peruano, que fue elegido en enero pasado, también “abrió un nuevo frente de agresión para la libertad de expresión”, mediante un “intento de regular sin criterios técnicos la publicidad estatal”.

-Publicidad estatal-

El organismo detalló que la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó en septiembre pasado un dictamen para regular la publicidad estatal, que busca dar prioridad a los medios de comunicación de menor tamaño en la asignación de publicidad estatal en el país.

Para la SIP, ese dictamen no “recoge criterios técnicos” sobre sintonía, número de lectores o espectadores “y tampoco obliga al Poder Ejecutivo a hacer transparentes los gastos en publicidad”.

Por otra parte, el organismo recordó que en el nuevo Congreso asumió funciones el legislador Daniel Urresti, quien está siendo procesado por el asesinato, en 1988, del periodista Hugo Bustíos y actualmente es “el segundo político con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del 2021”.

La SIP indicó que el juicio oral contra Urresti fue reprogramado en dos ocasiones, ya que debía comenzar en abril, pero fue suspendido por el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta el 2 de setiembre, tras lo cual se reprogramó sin fecha fija porque Urresti presentaba presuntos síntomas de la enfermedad.

-Ensañamiento contra periodistas-

La SIP también indicó que durante el último semestre la cantidad de querellas por difamación presentadas contra periodistas se redujo, aunque persistió “el ensañamiento” contra algunos de ellos, entre los que mencionó a Paola Ugaz, quien junto a Pedro Salinas investiga al grupo religioso católico Sodalicio de Vida Cristiana.

Denunció que Ugaz “tiene demandas por difamación interpuestas por personajes cercanos a la organización” y que Salinas denunció en septiembre que le hacían seguimiento en los alrededores de su vivienda, en el sur de Lima.

Estos periodistas han investigado y publicado libros sobre las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos cometidos al interior del Sodalicio y Ugaz se apresta a publicar un segundo libro sobre las actividades económicas de esa agrupación.

La SIP acotó que, por ese motivo, los periodistas denunciaron ser víctimas de una campaña de hostigamiento y descrédito en la prensa escrita, digital y electrónica, además de que Ugaz fue amenazada de muerte en redes sociales, por lo que ambos han presentado una denuncia ante la Policía.

-Otros casos-

El organismo informó que repartidores de periódicos en varias ciudades del país fueron intervenidos por las fuerzas de seguridad durante la cuarentena que comenzó a mediados de marzo pasado para enfrentar a la pandemia del COVID-19.

Además, el municipio de la provincia de Chepén, en la región norteña de La Libertad, intentó prohibir la venta de diarios a los vendedores callejeros y el caricaturista Carlos Tovar, conocido como Carlín, recibió en abril amenazas de muerte por una caricatura que publicó en el diario La República en el primer aniversario del suicidio del expresidente Alan García.

También, el gobernador de la región norteña de Cajamarca, Mesías Guevara, advirtió a los periodistas de la provincia de la ciudad de Jaén que “cualquier cosa les puede pasar” si continúan publicando información que le perjudique.

Finalmente, la SIP agregó que se suspendió el juicio oral por el asesinato, en 1984, del periodista Jaime Ayala, corresponsal de La República en la región sureña de Ayacucho, mientras que el diario Expreso denunció en junio que fue víctima de un intento de “hackeo”.