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Después de que la Justicia rechazase conceder asilo en España al exjuez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza, la Audiencia Nacional retoma este miércoles su vista de extradición a su país, que le reclama por sobornar presuntamente a una funcionaria para huir cuando estaba siendo investigado por corrupción.
La sección primera de la Sala de lo Penal acoge este miércoles la vista en la que la Fiscalía apoyará la entrega de Hinostroza a Perú por un posible delito de cohecho.
Sobre él pesa ya una primera entrega, acordada por la Audiencia Nacional y por el Gobierno, por el caso conocido como “Los cuellos blancos del Puerto”, donde se le imputa haber liderado una red de favores de la que habrían participado políticos y empresarios, y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la justicia.
En esta ocasión, la vista se centrará en los hechos recogidos en el escrito presentado el año pasado por Perú solicitando una ampliación de la extradición.
Hinostroza está reclamado por haber entregado presuntamente US$ 10,000 a una funcionaria encargada del control de migraciones de la localidad peruana de Tumbes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él cuando estaba investigado por el citado caso, y poder huir de Perú.
Unos hechos que podrían constituir un delito de cohecho penado de dos a cuatro años de cárcel, según indica la Fiscalía en el escrito donde apoya la entrega al estimar que se cumplen los requisitos formales para ello.
En abril la sala acordó suspender la vista hasta que se resolviese su demanda de asilo y entonces Hinostroza aprovechó para dejar constancia de su negativa a ser extraditado al considerar que existía una persecución política contra él y porque sufrió amenazas de muerte.
En su petición de asilo se declaraba víctima de una “trama” encabezada por el expresidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, que tenía como objetivo imputar delitos inexistentes contra él por su presunta afinidad con el partido Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori), “todo ello fundamentado en prueba obtenida ilícitamente”.
Sin embargo, al responder a su recurso contra la denegación de asilo dictada por el Ministerio del Interior, la Audiencia concluyó que “ni los hechos relatados, ni el acervo probatorio aportado, han conseguido formar la convicción judicial” de que esté siendo objeto de “persecución política o que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales”.
