El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, implicado en una presunta red de prostitución al interior de la institución, afronta una segunda investigación en el Ministerio Público.
De acuerdo con el diario El Comercio, el exfuncionario es investigado por el presunto delito contra la administración pública-corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible, en agravio del Estado.
LEA TAMBIÉN: Congreso: al menos 14 legisladores exigen la remoción del oficial mayor Giovanni Forno
La decisión fue adoptada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que ordenó que las diligencias se realicen en sede policial, por el plazo de 120 días.
En la víspera, personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional Del Perú (PNP) dispuso realizar las diligencias respectivas en el Parlamento, como el recojo de la información y/o documentación de las oficinas de Recursos Humanos y Legal, vinculada a los contratos.
Torres Saravia ya es investigado por el presunto delito de explotación sexual, tras ser denunciado por presuntamente liderar una red de prostitución en el Congreso y de estar involucrado en el asesinado de la exasesora Andrea Vidal Gómez, quien falleció en extrañas circunstancias.
LEA TAMBIÉN: Congreso: Piden a Salhuana que revise perfil del personal en cargos administrativos
Analizarán contrataciones de su exoficina
En la disposición fiscal se precisa que se investigará a Torres Saravia por la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de personal para la oficina dentro del Parlamento que lideraba (Legal y Constitucional).
Entre los documentos a recabar figuran la resolución de designación de Torres Saravia en el cargo y los datos identificatorios de todo el personal que habría laborado en su oficina durante el periodo 2023-2024.
A su vez, se busca obtener información de la Oficina de Recursos Humanos del Parlamento sobre la contratación de Torres Saravia y de todo el personal que laboró en ese lapso de tiempo.
Se pedirá los expedientes de contratación de las trabajadoras Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Ramírez, quienes deberán declarar ante la PNP, así como de la fallecida Vidal Gómez.
Esto, con la finalidad de determinar si los puestos laborales para el que se realizaron las contrataciones, entre el 2023 y 2024, en la Oficina Legal y Constitucional habrían sido creadas o no, si es que había necesidad para el servicio o si es que el personal contratado cumplía el perfil para el cargo, reportó El Comercio.
LEA TAMBIÉN: Red de prostitución en Congreso: Comisión de Fiscalización citará a Eduardo Salhuana
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
