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El jefe de Región Policial Lima, Roger Pérez Figueroa, rechazó este miércoles entregar “donativos económicos” durante el gobierno de Pedro Castillo para supuestamente conseguir un ascenso irregular tal como señala la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Congreso.
“No, nunca he entregado (sobornos) no los conozco ni me conocen ellos, por eso es que a mi me separaron de la investigación. Yo sé que hay oficiales generales que están en un proceso de investigación, yo estoy fuera”, afirmó Pérez Figueroa a los medios de comunicación luego de un operativo.
El jefe de la Región Policial informó que presentará una carta notarial contra el medio de comunicación que difundió esta información aseverando que están “manchando honras”, informó RPP.
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“El medio tendría que responder porque hace unas horas he presentado una carta notarial para que se rectifiquen porque no es posible que se manchen honras de esa manera. Yo no soy un oficial improvisado, tengo 10 años de coronel y mi trayectoria ha sido limpia, conocen cómo he trabajado. Si estuviese investigado no tendría ningún cargo, ya estuviese inmerso en ese grupo de oficiales”, manifestó.
Según la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del expresidente Pedro Castillo el pasado 11 de agosto, los actuales jefes de las regiones policiales de Lima, General PNP Roger Pérez; y del Callao, General PNP Jorge Castillo Vargas habrían sido beneficiados en el proceso de ascensos irregulares de 2021.
En el documento remitido al Congreso se incluye a Pérez y Castillo Vargas entre los coroneles que el 2021 habrían realizado “donativos económicos” al exmandatario, de manera directa como a través de terceros, con el objetivo de ascender a generales.
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“Cada oficial que buscaba ascender al grado de general de la Policía Nacional, habría pagado sumas de entre veinte mil a cuarenta mil dólares americanos para obtener su ascenso”, señala la acusación.
Además, se indica que el dinero que habría sido recaudado por el suboficial brigadier de la Policía, Jorge Tarrillo Gálvez, que pertenecía a la escolta presidencial de ese entonces y que fue sindicado como “presunto cajero” de la organización criminal.
Respecto a ello, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) pidió al ministro del Interior, Vicente Romero, separar a los generales que presuntamente habían sido beneficiados con los ascensos irregulares.
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