Si bien el Ministerio Público realiza una investigación respecto a las muertes ocurridas en las protestas realizadas a nivel nacional desde diciembre pasado, organismos intencionales también hicieron lo propio.
Tal es el caso de la ONG Human Rights Watch (HRW), que publicó un informe sobre los sucesos ocurridos en el país.
El documento, titulado “Deterioro letal: Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, se basa en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros.
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“Las entrevistas fueron realizadas durante un viaje al Perú entre enero y febrero de 2023, y de forma remota desde febrero hasta abril de 2023. HRW también verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las protestas y revisó autopsias, informes balísticos, registros médicos y otra documentación”, concluye el texto.
Responsabilidad de altos funcionarios en los abusos
En el informe se recordó que, en enero de este año, la fiscal de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas, César Cervantes y Pedro Angulo, por presunto homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas, entre otros delitos.
También se hace hincapié en la postura asumida por Boluarte, quien ha insistido en que los fiscales deben investigar estos hechos; no obstante, se cuestiona que su Gobierno “no parece haber dado ningún paso concreto para poner en marcha investigaciones internas sobre lo ocurrido, ni para evitar que aumente el número de víctimas mortales”.
“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”, concluye el informe.
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La ONG también denunció que el Ejecutivo intentó desviar la atención de las fuerzas de seguridad y culpar a otros de las muertes, sin aportar ninguna prueba.
“Aunque la evidencia disponible indica que la Policía mató a 18 manifestantes en Juliaca, el 9 de enero de 2023, la presidenta Boluarte afirmó que la mayoría de los que murieron lo hicieron con armas de fabricación casera. En otra afirmación que no respaldó con pruebas, sugirió que las armas de fuego y municiones que ingresan al Perú desde Bolivia podían estar causando las muertes de los manifestantes”, cuestiona el organismo.
A su vez, se cuestiona que, hasta principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial. Ningún agente de la policía había sido sancionado ni apartado del servicio para ese momento.
“Tampoco hemos visto pruebas de que el Gobierno tomara medidas para que los responsables rindieran cuentas. Al contrario, las autoridades desestimaron los abusos. A menudo negaron que se hubieran producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran terroristas”, añade la ONG.
Recomendaciones
El informe recomienda que el Gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda.
“Los fiscales deben investigar y presentar cargos, según proceda, no sólo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas”, se lee en el informe.
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La ONG no solo plantea que el Ejecutivo promueva el diálogo nacional, sino también que invite a una comisión independiente de expertos internacionales y que le conceda acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes.
“La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad. La comisión podría respaldar las investigaciones penales en curso mediante investigaciones sobre los hechos, la coordinación de peritajes y el asesoramiento sobre estrategias de investigación o la apertura de nuevas investigaciones. También debería formular recomendaciones para reforzar la rendición de cuentas, el Estado de derecho, los procesos democráticos y la protección de los derechos humanos”, sostiene HRW.
Finalmente, se recomienda al Gobierno trabajar con el Congreso para garantizar una reforma policial que implique la mejora de los equipos y la formación para el control de multitudes y el uso de la fuerza.
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