El Gobierno de Dina Boluarte tiene hasta el próximo viernes 15 de agosto para pronunciarse por la ley que otorga amnistía a policías y militares que cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, que fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según informó el diario El Comercio, el Ejecutivo ya tiene en sus manos la autógrafa de la ley aprobada por la Comisión Permanente el pasado lunes 21 de julio y que aún evalúan si la promulgará o, en su defecto, la devolverán al Parlamento con observaciones.
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Cabe precisar que la Corte IDH emitió el último viernes 25 una resolución en la que exige al Estado peruano que detenga el trámite de esta ley porque atenta el cumplimiento de las condenas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La norma en mención concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y comités de autodefensa que están denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos en su actuación de lucha contra el terrorismo antes del 2000.
“Los efectos de la presente ley no son aplicables a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes, de conformidad con las normas pertinentes”, añade la propuesta.
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LAS CRÍTICAS DEL EJECUTIVO A LA CORTE IDH
En la víspera, el premier Eduardo Arana evitó adelantar si es que el Ejecutivo promulgará u observará esta ley, al recalcar que aún sigue en estudio.
“La amnistía corresponde a una potestad del Congreso, así como el indulto corresponde al Ejecutivo. Siendo una potestad, es un atributo del Congreso, evidentemente nosotros en el Ejecutivo vamos a evaluarlo partiendo de esa premisa (...) en su momento tendremos una opinión y la haremos pública”, dijo a RPP.
El titular de la PCM cuestionó que la Corte IDH haya requerido al Estado peruano suspender el trámite de esta norma, pese a que aún no ha sido promulgada. En ese sentido, enfatizó en que ese pedido afecta la soberanía nacional.
“Deberían autorregularse sabiendo cuáles son sus límites y cuáles son sus atribuciones, para eso la OEA también tendrá que evaluarlo. No es un problema solamente de nuestro país sino de América porque no solamente el Perú ha sido sometido a estas decisiones que para nosotros, como ahora, consideramos horada nuestra soberanía”, aseveró.
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