El texto plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para que, excepcionalmente, los adolescentes de 16 años a más tengan responsabilidad penal cuando hayan cometido una serie de delitos, entre ellos, parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, exposición, trata de personas, robo agravado, extorsión, organización criminal, marcaje o reglaje, terrorismo, entre otros.
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Al respecto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, adelantó que el Gobierno observaría dicha norma, al recordar que su sector emitió una opinión en contra de dicha propuesta cuando fue discutida en la comisión de Justicia.
En ese sentido, recalcó que no corresponde penalizar a menores de 18 años, al recordar que el Perú ha firmado tratados sobre el tema, como la Convención de los Derechos del Niño.
“El Perú se ha comprometido a no penalizar a menores de 18 años. Entonces, nosotros hemos considerado emitir una opinión en contra del proyecto de ley cuando se nos ha preguntado opinión desde el Congreso (...) sería una observación”, dijo a RPP.
Añadió que el Ministerio de Justicia también viene evaluando la constitucionalidad de la propuesta, que ha generado diversas críticas desde el Congreso como la Defensoría del Pueblo.
“No olvidemos que los tratados internacionales tienen rango constitucional también, y la Convención de los Derechos del Niño ha sido suscrito por el Perú”, apuntó.
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Fiscalía rechaza norma
Desde el Ministerio Público también se pronunciaron en contra de la aprobación de esta ley. La fiscal adjunta provincial, Cristina Gómez, calificó dicha norma de “populista y engañosa”, al señalar que carece de un sustento técnico y científico que respalde la afirmación de que aumentar las penas reducirá la delincuencia.
“En este caso, el Legislativo está optando por la respuesta más fácil y la más irresponsable”, cuestionó tras precisar que la propuesta, al tratarse de una legislación de tipo penal para adultos, es “muy dura” y podría resultar aún más perjudicial para los adolescentes.
En diálogo con RPP, advirtió que el sistema penitenciario de adultos no es adecuado para resocializar a los jóvenes infractores, tal como sostiene la ley.
La fiscal también criticó la falta de medidas preventivas y de resocialización efectivas para los jóvenes que han cometido delitos, así como alertó que las Unidades de Protección Especial (UPE) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), “están colapsados”.
“No tienen suficiente capacidad de atención. Y esto provoca que muchos casos, estos niños y adolescentes, puestos a disposición del Ministerio de la Mujer, no sean protegidos por el Estado y sean devueltos a cualquier persona o familiar y que regresen a esta situación de riesgo, de desprotección”, expresó.
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