La Fiscalía conformó un equipo especial que se encargará de investigar los presuntos delitos contra la humanidad y los que hayan constituido violación de los derechos humanos durante las protestas sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte, donde fallecieron más de 60 personas.
A través de una resolución publicada este lunes 3 de abril en el diario oficial El Peruano, se resolvió la creación de dicho grupo para “casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad, los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros”.
En el documento, se recuerda que desde diciembre del 2022, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo, se iniciaron las manifestaciones en diversas regiones del país, que han derivado en invetigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública. Además de actos de violencia que resaltó que “no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta”.
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Por tal, consideran que se requiere de una estrategia de investigación ordenada y célere, que siga el mandato constitucional de persecución del delito. En ese sentido, señalaron que es idóneo y necesario la conformación del equipo, el cual “deberá contar con un equipo especializado de peritos y de atención integral de las víctimas por las características especiales de este tipo de investigaciones”.
En la resolución firmada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, se dispuso que el fiscal superior coordinador del equipo especial realice en el plazo máximo de 5 días hábiles el inventario nacional sobre las carpetas fiscales que tengan como objeto los hechos de su competencia.
Asimismo, se estableció que este conformación cuente con el apoyo de personal administrativo del sistema fiscal y forense, así como los recursos logísticos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con cargo al presupuesto institucional
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También se dispuso hacer de conocimiento la presente resolución a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad y otras oficinas.
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