Al conmemorarse el 28° aniversario de la Defensoría del Pueblo (DP) del Perú exfuncionarios de dicha institución, que acompañaron desde su fundación la labor del primer Defensor del Pueblo, don Jorge Santistevan de Noriega, emitieron un pronunciamiento, en el que cuestionaron el desempeño de su actual titular, Josué Gutiérrez Cóndor, a quien le atribuyen “un progresivo abandono de las tareas esenciales de la Defensoría”.
Recordaron que desde su creación en 1996, la Defensoría ha sido un organismo autónomo, absolutamente comprometido con el sistema democrático, como medio indispensable para cumplir su mandato constitucional de defender los derechos fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la prestación de los servicios públicos a la comunidad. “El ejercicio fiel de ese mandato, con total independencia y apego a la Constitución no obstante el difícil contexto político que enfrentó la DP durante esos años, permitió a la institución ganar una creciente y sólida legitimidad”, apuntaron.
Sostuvieron que “lamentablemente, dicha trayectoria ha sido irrespetuosamente contradicha bajo la conducción de su actual titular, Josué Gutiérrez Cóndor quien, desde un inicio, ha dispuesto el progresivo abandono de las tareas esenciales de la DP, minando en buena medida su equipo de trabajo y su cultura organizacional. Josué Gutiérrez viene aprovechando el cargo para alinearse con objetivos que se apartan de la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como de la necesaria supervisión del ejercicio del poder en el país”.
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Agregaron que desde años atrás, el Perú enfrenta una aguda crisis en diferentes planos, la misma que se ha visto agravada desde el frustrado golpe de Estado que puso fin al gobierno del expresidente Pedro Castillo.
“Cuando era de esperar una pronta transición para una recuperación democrática, ha tenido lugar sin embargo, una paulatina destrucción de nuestra frágil institucionalidad, que pone en riesgo las bases mismas del Estado de Derecho. Quienes ejercen hoy autoritariamente el poder a partir de una insólita alianza de las fuerzas que controlan el Congreso de la República y del que depende el gobierno de la Sra. Dina Boluarte, han emprendido un abierto atropello a la separación y equilibrio de poderes”, anotaron.
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Intento de copar instituciones
Consideraron que nos encontramos ante la clara voluntad del poder político por copar instituciones, como ha ocurrido con la Sunedu, el TC y la propia DP, copamiento al que se pretende sumar a la JNJ, el sistema electoral, el MP y, a no dudarlo, también al Poder Judicial.
“Esta situación hace evidente que la DP se encuentra por ahora impedida de ejercer su mandato constitucional y más bien, lamentablemente, la viene afectando la alarmante pérdida de legitimidad de quienes ostentan ese poder autoritario”, anotaron.
Además, indicaron que se observa “silencio frente a los atropellos descritos”, entre los que destacan “las víctimas del uso arbitrario y abusivo de la fuerza por parte del gobierno de la Sra. Boluarte, cuando efectivos del Ejército y la PNP, fueron encargados de sofocar las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Alrededor de 50 peruanos muertos en esas circunstancias, sus deudos y las centenas de personas heridas, muchas de ellas de gravedad o con lesiones permanentes, siguen esperando justicia”.
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" El Sr. Josué Gutiérrez guarda silencio frente a hechos tan graves, pero no disimula su respaldo a quienes han antepuesto sus intereses particulares a los del país, con la intención de mantener cuotas de poder, promover la impunidad y evitar una salida democrática a la actual crisis política”, indicaron.
Añadieron que a la fecha, además de las contrarreformas realizadas en diferentes campos como la educación, y las constantes amenazas a la libertad de prensa, se continúa aprobando leyes que favorecen la delincuencia y la impunidad (la prescripción de los delitos de lesa humanidad, la reducción de plazos de prescripción en materia penal, el debilitamiento del proceso de colaboración eficaz y contra el crimen organizado), así como otras normas e iniciativas que benefician a las economías ilegales.
“No podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad con las y los trabajadores de la DP que han actuado y con quienes continúan haciéndolo, con todos los medios legales a su alcance, para no tolerar esta lamentable situación institucional. El país es testigo del constante maltrato hacia ellos y sus dirigentes sindicales. Confiamos en que quienes no han sido aún apartados, permanecerán en esa resistencia hasta que sea posible recuperar a nuestra querida Defensoría del Pueblo”, apuntaron.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a líderes de opinión, a fin de alzar nuestra voz de protesta frente a lo que viene ocurriendo en el Perú, a defender su institucionalidad democrática y movilizarnos pacíficamente para ese propósito.
El comunicado fue suscrito por: Walter Albán Peralta, Eliana Revollar Añaños, Fernando Castañeda Portocarrero, Eduardo Calmet Fritz, Carolina Garcés Peralta, Vito Verna Coronado, Gino Costa Santolalla, Silvio Campana Zegarra, José Antonio González Norris, Federico Chunga Fiestas, Carlos Salazar Couto, Gerardo Távara Castillo, Aldo Vera Tafur.
Así también, por Eduardo Dargent Bocanegra, Eduardo Vega Luna, Samuel Abad Yupanqui, Roberto Pereira Chumbe, Alicia Abanto Cabanillas, José Távara Martin, Yván Montoya Vivanco, Percy Castillo Torres, Carlos Alza Barco, Susana Stiglich Watson, Pier Marzo Rodriguez, César Cárdenas Lizarbe Luz Herquineo Alarcón, Félix Grandez Moreno y Wilian López Prieto.
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